El decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros incluye modificaciones a la Ley de la cadena alimentaria, entre ellas sanciones de hasta 100.000 euros (y hasta un millón si se reitera) por vender alimentos por debajo de lo que cuesta producirlos, una práctica prohibida.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Planas ha puesto el énfasis en la publicidad de las sanciones graves y muy graves por afectar a la «reputación» que puede tener para el operador que la incumpla.
La venta a pérdidas se penaliza de forma generalizada, salvo en dos excepciones: los productos perecederos antes de que se estropeen y los descuentos y promociones aplicados por las cadenas de distribución al consumidor, que deberán ser asumidos por estas empresas.
También se endurecen las sanciones previstas si no se cierran por escrito los contratos de productores con fabricantes y supermercados, y se obliga a incluir en ellos el coste de producción original.
Su cálculo lo cerrarán de mutuo acuerdo las partes o se guiarán por índices de referencia públicos, teniendo en cuenta factores como los costes de las semillas, la energía, los herbicidas, los fitosanitarios o los laborales.
A partir de ahora se prohíben las «promociones de carácter engañoso» que inducen a «error» sobre el precio de los productos.
Se incluyen novedades como permitir el pago fraccionado de los impuestos por la ayuda concedida a los nuevos jóvenes agricultores; la reducción de 35 a 20 peonadas para recibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura; y la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para controlar los alojamientos destinados a temporeros.
Planas ha explicado su contenido a las organizaciones agrarias en una posterior reunión y, aunque considera que responde «de manera significativa a la mayoría de las demandas» presentadas, ha reconocido que «queda trabajo por hacer».
Las ha emplazado a seguir debatiendo otros temas a través de un comité asesor agrario y ha hecho nuevas promesas, como dar continuidad durante la legislatura al régimen fiscal singular del sector agrario y las bonificaciones vigentes para el gasóleo.
También ha señalado la intención de incrementar al menos en un 10 % la dotación de seguros agrarios combinados en los próximos presupuestos generales.
Planas ha presentado dos propuestas de línea de ayudas en el ámbito energético por valor de 60 millones de euros, la mitad para fomentar el autoconsumo y las renovables, y la otra mitad para mejorar la eficiencia energética.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado a las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA el conjunto de medidas que impulsa el Gobierno para responder a las reivindicaciones del sector agrario español de mejorar los márgenes en su actividad y lograr unos precios justos.
En rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa de Diálogo Agrario, el ministro ha agradecido a las organizaciones agrarias el ambiente constructivo y positivo en el que se ha desarrollado esta reunión. Según ha recalcado, “este es un Gobierno de diálogo y de acción”. Hoy se han dado pasos “muy claros y muy firmes para responder a gran parte de las demandas del sector”, siendo conscientes de que estos problemas no tienen una solución fácil e inmediata.
Ha apelado a la necesaria colaboración de comunidades autónomas para trabajar junto a la Agencia de Inspección y Control Alimentarios (AICA) para velar por el cumplimiento de las relaciones contractuales, así como del propio sector para concentrar la oferta y mejorar su posición negociadora.
Planas ha presentado a las organizaciones agrarias el Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros para modificar la cadena alimenaria y prohibir la venta a pérdidas. En el transcurso de la reunión ha planteado a Asaja, COAG y UPA un conjunto adicional de medidas fiscales, de financiación y de promoción.
SIGUEN LAS PROTESTAS
Mientras, en la quinta semana de protestas, unos 5.000 tractores y 16.000 manifestantes, según los convocantes, han cortado las principales vías de acceso a Sevilla.
Cientos de olivareros de Jaén llegaron a bloquear la A-4 a la altura de la localidad de Santa Elena en protesta por los bajos precios del aceite de oliva, una acción que no había sido solicitada ni autorizada y de la que se desmarcaron las organizaciones agrarias.
La Guardia Civil tuvo que intervenir con botes de humo y pelotas de goma, y finalmente la circulación fue restablecida.
En Alicante, unos 400 tractores se concentraron y unos 2.000 agricultores cortaron uno de los sentidos de la autovía A-31 entre Novelda y Monforte del Cid durante una hora.
