Los agricultores del Parc Agrari del Baix Llobregat se enfrentan tras la DANA de la semana pasada vivida en Cataluña a las pérdidas casi totales de su cosecha de invierno, incluidos cultivos esenciales como alcachofas, col, coliflor, calçots y cebollas. Los daños ocasionados a los campos se estiman entre 35.000 y 45.000 euros por hectárea. Se calcula que en el caso de los terrenos de Viladecans se han inundado 450 hectáreas, mientras que en Gavà el agua arrasó otras 200.
Según han denunciado en un comunicado, cuando caen lluvias torrenciales, el agua «destruye el tejido productivo del territorio, aboca al desempleo a trabajadores y pone en riesgo el suministro alimentario del área metropolitana de Barcelona».
Para hacer frente a las pérdidas económicas, que estiman, oscilan entre los 35.000 y los 45.000 euros por hectárea, los empresarios y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre han pedido mejoras en las infraestructuras para romper «el círculo vicioso» de décadas de inversiones fallidas. «De ello depende que el Baix Llobregat sobreviva y que, con ello, lo haga el área metropolitana de Barcelona», han afirmado en un comunicado.
Además, han añadido que las promesas políticas «deben traducirse en realidades tangibles, sobre proyectos que llevan hechos muchos años y que sólo necesitan voluntad política y disponibilidad presupuestaria para acometerlos».
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Es por ello que han pedido actuaciones «urgentes» en varias infraestructuras. En primer lugar, han pedido inversión para retirar los sedimentos de las rieras que permitan ganar capacidad de desagüe y drenaje, e instalar un segundo tornillo de Arquímedes en la Murtra. Además, han solicitado la «automatización del sistema de compuertas para garantizar un rápido desagüe de la zona agrícola».
El sector agrícola del Baix Llobregat ha pedido evitar las ayudas públicas de la Generalitat de Catalunya. Pese a que han reconocido que es la «solución lógica» y «fácil», han defendido que acaban «siendo un mal remedio a medio y largo plazo».
«El dinero llega tarde, mal y escaso», han dicho. «El instrumento (gasto en ayudas) no es el más adecuado cuando estamos hablando de la destrucción del tejido productivo», han añadido. De hecho, creen que en el pasado, una vez se dan estas ayudas, las administraciones públicas aparcan las inversiones necesarias en infraestructuras hídricas que permiten encauzar las aguas torrenciales.
