Este artículo fue publicado originalmente en ABC.
Fuentes de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) ensalzan la ley, aunque todavía están por conocer «la letra pequeña». Agricultores y ganaderos –el sector primario, a pesar de ser uno de los que menos desecha alimentos (que afecta más a hogares y distribución)– «no desean ver su comida desperdiciada; lo que quieren es producir alimentos accesibles para toda la sociedad y cobrando un precio justo por ellos». Esta ley da respuesta a una de las peticiones de los agricultores de hortalizas: las normas de mercado obligan a tirar productos por una mera cuestión estética. Una pequeña marca provoca que el consumidor no adquiera esa pieza, que está en perfecto estado, reafirman desde UPA.
Para UPA, esta ley requiere un plus de formación al consumidor: tienen que hacer mucha formación y el consumidor debe saber las temporadas a las que se produce una fruta o un producto, de dónde sale y en qué comunidades o lugares se produce un tipo de verdura, que se debe especificar en el etiquetado. «Tenemos esperanzas de que esta norma sea positiva para el campo».
Desde el sector productor, también Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), comenta su satisfacción por la ley. El sector productor destaca que desde hace años reducen el desperdicio como consecuencia de siniestros climáticos reutilizando los productos dañados para «otros usos, como la alimentación animal». Fuentes de Asaja enfatizan a este periódico que «el consumidor y la distribución exigen siempre frutas y verduras perfectas (sin rugosidades, ni marcas, con formas redondeadas) y todo eso elimina el producto que no cumple esas exigencias. Se deben arbitrar soluciones para esas otras piezas no tan perfectas».
Las ONG y bancos de alimentos serán los primeros destinatarios de los alimentos que no encuentren salida comercial en las tiendas. La norma intensifica las alianzas con las entidades sociales para reaprovechar esa comida para personas desfavorecidas, como reivindica el director de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), Miguel Fernández Rodríguez, quien subraya a ABC que ya el 55,3% (87.728 toneladas) de los alimentos recopilados en 2020 por la entidad provienen del aprovechamiento de excedentes. La norma es, dice, «un acicate para que las empresas que no colaboran con los bancos de alimentos donen y para que se inicien a hacerlo».
«Esta ley con el apartado de transformación, contribuirá al área de ‘Transformación de fruta’ gracias a la cual, en el año 2020 desde Fesbal y los Bancos asociados, pudimos obtener 1.172.286 litros de zumo de melocotón, de la transformación de 11.491.192 kg de esta fruta». Y ultima: «Todas estas medidas ayudarán a que los 54 Bancos de Alimentos asociados a Fesbal puedan seguir atendiendo a las personas que actualmente carecen de recursos para poder adquirir alimentos».
Para bares y restaurantes, no hay novedad
Otros sectores, no obstante, no ven mayor novedad en el articulado de la ley. Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, apunta a este periódico que «no supone ningún cambio práctico en bares y restaurantes, porque –recuerda– cuando se exigió el cobro de las bolsas en los comercios, ya se incorporó la necesidad de disponer de algún formato para evitar el desperdicio alimentario». «La mayoría de bares y restaurantes ya tienen soluciones incorporadas, por lo que no hay mayor novedad». En este sentido, «el sector está muy comprometido» en la reducción del despilfarro, lo que contrasta con otros sectores menos partidarios. «La hostelería en España es eficaz en la reducción del desperdicio», termina Gallego.
Fuente: ABC
