El Gobierno trabaja en un paquete de medidas para abaratar el precio de los alimentos. Pedro Sánchez avanzó el pasado martes que la prórroga del decreto para combatir la inflación será ambiciosa y fuentes del área económica del Ejecutivo confirman que ya hay varias novedades “en estudio” para intentar abaratar la cesta de la compra, especialmente para las familias más necesitadas. La vicepresidenta Yolanda Díaz añadió este miércoles que se abrirá una negociación en el seno de la coalición y que, en ella, reclamará, además, congelar la cuota de las hipotecas desde julio de este año.
Según publica La Vanguardia, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo afirmó que estas conversaciones entre los socios de la coalición buscan evitar que para una familia sea “misión imposible” llenar la nevera. “Los datos de IPC indican que donde el Gobierno no actúa tenemos enormes problemas”. El último dato de inflación fue el peor de la serie histórica: un alza del 15,4%. La delegación, por la parte de Unidas Podemos, estará compuesta por la propia vicepresidenta segunda, por su jefe de gabinete, Josep Vendrell, por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y por el economista y asesor del Ministerio de Trabajo, Manuel Lago. Los mismos que cerraron los presupuestos. El PSOE admite un trabajo previo liderado por los ministerios de Economía y Hacienda, y el titular de Agricultura, Luis Planas, añadió este miércoles que es “consciente de que todos los hogares se ven afectados por los precios de los alimentos”.
La ministra de Trabajo intentó en septiembre que fueran las propias distribuidoras quienes ofrecieran cestas de la compra saludables a precios rebajados. Pero no lo consiguió. Díaz también se posicionó a favor de establecer topes en algunos alimentos, propuesta rechazada por Nadia Calviño, Planas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que advirtió que se podría vulnerar el libre mercado.
El foco para Díaz está en el margen de ingresos de las distribuidoras. “El Banco de España dice que hay una traslación directísima del incremento de los precios a los beneficios de la distribución”, dijo. “Hay empresas que se están beneficiando de la crisis”, concluyó.
Las grandes distribuidoras, por su parte, reclaman una revisión de la carga impositiva del sector. Fuentes de Anged, la patronal que agrupa a Mercadona, Carrefour, Alcampo y Dia, denuncian que, en el último año, el Gobierno ha añadido una treintena de nuevos costes fiscales y regulatorios a la ya de por sí complicada situación. Y vienen más.
El 1 de enero entra en vigor el nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, una figura cuyo tipo será de 0,45 euros por kilo. La distribución prevé que la tasa acabe trasladándose al precio final en los estantes de los comercios. Piden una moratoria en esta figura o en la de gases fluorados, que afecta a la refrigeración.
Fuente: La Vanguardia
