La discusión sobre la nueva PAC, que debería comenzar (en principio) en el año 2020, se estructura en torno a dos ejes, el presupuestario y el del “nuevo modelo de política” que se esboza en la Comunicación adoptada por la Comisión Europea titulada «El futuro de la alimentación y de la agricultura». Hoy toca ocuparse del llamado nuevo modelo.
De las declaraciones realizadas hasta ahora, la voluntad de avanzar hacia la adopción de unas normas más sencillas y de un enfoque más flexible para contribuir a que “la política agraria común preste un verdadero apoyo a los agricultores y lidere el desarrollo sostenible de la agricultura de la UE.”
Para ello, se dotaría “a los Estados miembros de mayores responsabilidades a la hora de decidir cómo y dónde se invierte la financiación de la PAC, con la vista puesta en alcanzar una serie de objetivos comunes y ambiciosos relacionados con el medio ambiente, el cambio climático y la sostenibilidad».
Elaborarían un Plan estratégico en torno a las prioridades europeas, declinadas a nivel nacional en acuerdo con la Comisión, para toda la PAC, primer y segundo pilar. Para cada una de ellas, habría una serie de indicadores. El enfoque de la Comisión pasaría de estar en los resultados y no en los medios utilizados.
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La estrategia nacional como precedente
En el sector de las frutas y hortalizas, desde la reforma del 2006, tenemos ya una “estrategia nacional” que cubre ambos pilares, para asegurar la coherencia y las sinergias entre las iniciativas cubiertas por el desarrollo rural y las de los fondos operativos de las organizaciones de productores.
Una vez más, la reglamentación para el sector de las frutas y hortalizas demuestra haberse adelantado a las evoluciones futuras de la PAC y marcar el camino.
Esta realidad hace que también se pueda anticipar algunos de los retos a los que se va a confrontar el “nuevo modelo”. En particular, me preocupa el papel futuro que pueden desempeñar los auditores de la Comisión y la liquidación de cuenta.
La experiencia de las frutas y hortalizas nos enseña que los grandes márgenes de flexibilidad dejada por la reglamentación comunitaria a los Estados miembros es reinterpretada con efecto retroactivo por los auditores de la Comisión, a veces discrepando de las opiniones de los responsables de la gestión de los mercados en la misma Dirección General de Agricultura de la Comisión.
Para evitar esto, cuando una norma europea llega a España primero, y tras la Orden nacional a la Comunidad Autónoma, los funcionarios responsables adoptan el principio de precaución, haciendo una interpretación lo más prudente posible (se podría incluso decir “conservadora”) y multiplicando los controles y los procedimientos para intentar anticipar lo que dichos controladores podrían exigir dentro de unos años.
El “nuevo modelo” solo puede funcionar si de verdad cambia en profundidad el papel de los auditores, suprimiendo primero las interpretaciones retroactivas de la reglamentación y transformándose en los mejores aliados de los agricultores y las Administraciones nacionales y regionales para generalizar las buenas experiencias y anticipar los posibles problemas.
