Con este doble objetivo de informar y asesorar sobre el nuevo marco jurídico que regulan las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria, esta II Jornada Conecta se centró en explicar, especialmente al sector productor, las distintas herramientas de que disponen a la hora de establecer relaciones comerciales con el resto de agentes de la cadena de valor, aportando transparencia y equidad a las mismas.
En este sentido, se contó la presencia de José Miguel Herrero, director general de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del MAGRAMA encargado del control del régimen sancionador que marca la actual Ley de la Cadena Agroalimentaria, y con José Ramón Tenor, socio del despacho de abogados Garrigues, especializado en el sector agroalimentario.
de abogados Garrigues
En primer lugar tomó la palabra Tenor, quién centró su ponencia en detallar algunas cuestiones prácticas que hay que tener en cuenta en la aplicación de la citada ley, una nueva normativa que recoge en un mismo y único texto las distintas regulaciones mercantiles y comerciales que había dispersas en varias normas: “no cambia la economía de mercado, sino que la regula, poniendo especial atención sobre aquellas relaciones donde se pudiera dar un dependencia económica de un operador frente al otro, es decir que la facturación sea igual o superior al 30% que en el año anterior”, señaló José Ramón Tenor, quien igualmente detalló la necesaria formalización de los contratos para poder estar amparado por la citada ley, la conservación de toda la documentación durante al menos dos años, la identificación clara de las partes, forma de pago, condiciones de entrega, motivos por la extensión del contrato…
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AICA
Tras esta primera ponencia, fue el turno para José Miguel Herrero, director general de AICA, entidad encargada de vigilar las relaciones entre los agentes de la cadena, y actuar como sancionador en el caso de que sea necesario, como así quiso dejar de manifiesto: “se trata de una Ley que no va en contra de ninguno de los operadores, sino de los desequilibrios”. Herrero detalló, que desde el pasado 1 de septiembre y hasta mediados de octubre, AICA había realizado 894 controles de operaciones comerciales, en 183 empresas del sector de frutas y hortalizas, localizadas en 28 provincias españolas, admitiendo a trámite seis denuncias.
Pero más allá de estas cifras, para Herrero, uno de los aspectos más innovadores del organismos que él dirige, es el hecho de que puede actuar de oficio, solicitando a las partes implicadas toda la documentación necesaria para verificar si existe o no desequilibrio en las relaciones y situación de poder de unos frente a otros.
En definitiva, y en palabras de los dos ponentes, se han sentado las bases para crear una cadena agroalimentaria más transparente, herramientas para que todas las partes implicadas puedan operar en un marco jurídico más justo y competitivo.
