Los consejeros de Agricultura de Andalucía y de la Región de Murcia, Carmen Crespo y Antonio Luengo, respectivamente, coincidieron la semana pasada en señalar que “restar solidaridad en el reparto del agua supone un retroceso”, porque “el Gobierno de España debe de dar oportunidades por igual a todos los territorios y a todos sus vecinos vivan donde vivan”, como ha explicado la responsable andaluza del ramo. Las comunidades andaluza y murciana han presentado recientemente alegaciones al Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo y sus consecuencias para el trasvase.
El nuevo caudal ecológico propuesto carece del más mínimo rigor y provocará una reducción anual de unos 100 hectómetros cúbicos en los trasvases, con cargo al regadío. “La solución pasa por hacer las obras de depuración en la cabecera del Tajo, nos parece lo correcto, pero si no hay solidaridad en un país como España, el país no existe como tal. El agua es de todos. Necesitamos ayudarnos entre todos. Esperamos que el Gobierno rectifique por el bien del Levante de Almería, Murcia y Valencia”, ha agregado.
Según Luengo, “el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo ha quedado suficientemente desacreditado, y debe ser replanteado si se pretende que esté basado en criterios técnicos y científicos, y no en argumentos meramente políticos e ideológicos, torpemente camuflados, como ya se ha puesto de manifiesto por personas de indudable prestigio académico”.
Luengo ha subrayado que “para abordar un asunto de tanto calado social y económico, lo cabal sería reiniciar los estudios, revisar los caudales ecológicos que se proponen, con datos actuales y serios, y no con una medición antigua, mínima (117 metros sobre un tramo de 100 kilómetros) y sesgada, y designar a un organismo independiente que redacte esos nuevos planes, de acuerdo con unos criterios técnicos y justos”.
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“Es algo en lo que estamos de acuerdo todos los territorios del Sureste español, que hemos alimentado nuestro desarrollo durante 40 años con los caudales del Trasvase Tajo-Segura; y es algo de lo que depende el futuro del territorio más productivo de España, donde mejor se aprovecha este preciado y escaso bien, y donde más cerca estamos del círculo virtuoso del agua”, aseguró. Finalmente, Antonio Luengo ha ratificado la voluntad de su Gobierno regional “de acudir a los tribunales de justicia, si es preciso, para que sean ellos los que obliguen a redactar un Plan Hidrológico del Tajo con los mismos criterios técnicos para todo el país, sin discriminar a unos españoles frente a otros”.
Ambos consejeros visitaron las instalaciones de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) en Almería, una empresa con una dilatada trayectoria y que contribuye de forma muy activa en las extraordinarias cifras de exportaciones de productos hortofrutícolas y que, como ha destacado Crespo, conjuga a la perfección la sostenibilidad social y ambiental. “Esta cooperativa genera mucho empleo y sabe aprovechar cada gota de agua de forma eficiente”, ha señalado.
Control de acuerdos con terceros países
La consejera Carmen Crespo ha agradecido la acogida de la directiva de CASI y ha valorado el liderazgo en la producción, especialmente, de tomate. Por ello, ha recordado una vez más, consciente de que los costes de los agricultores se han disparado, la importancia de controlar las importaciones de terceros países y comprobar que se cumplen los acuerdos comerciales de la Unión Europea. “Si el acuerdo establecido fija una cantidad de 285.000 toneladas y este año la importación de tomate rondará las 500.000 toneladas, preguntamos si el resto ha pagado arancel. Si no fuese así, el Ministerio tiene la obligación de denunciarlo a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y evitar que se produzca una competencia desleal”, ha señalado. De hecho, Crespo ha avanzando que la Consejería va a realizar la gestiones oportunas directamente con Bruselas para recabar los datos, porque “todos los agricultores merecen contar con las mismas condiciones para obtener un precio justo”. Y en esa labor, la consejera ha destacado la ayuda que la Administración andaluza está ofreciendo con la puesta en marcha de la plataforma de comercialización, los avances necesarios para que la extensión de norma sea una realidad pronto y la batería de ayudas gestionadas desde la Consejería.
No obstante, también han explicado que hay competencias que son exclusivas del Gobierno de España, y en un contexto como el actual de subida generalizada de costes de producción, ha reclamado cuestiones clave como la bajada del IVA o la doble tarifa eléctrica, por ejemplo, que ayudarían a amortiguar las consecuencias. Crespo ha recordado que Andalucía ha exportado de enero a octubre más de 10.000 millones de euros al exterior y que Almería es un motor económico de la comunidad, gracias al potencial de un sector hortofrutícola que continúa superándose hasta alcanzar los 2.400 millones de euros en ese mismo periodo, cifra que representa un 4,2% más que en 2020.
