Planas ha calificado el desperdicio alimentario como «el espejo donde se refleja la ética de una sociedad» y como un lujo que no nos podemos permitir «porque hay gente que aún pasa hambre y porque no tenemos planeta B».
El ministro ha recordado que, hoy por hoy, en España tres de cada cuatro hogares reconocen tirar comida a la basura. Traducido en cifras, eso supone 1.364 millones de kilos de comida y bebidas al año. En el resto del mundo, los datos no son mucho mejores, ya que, según la FAO, un tercio de los alimentos producidos para consumo humano acaban convirtiéndose en desperdicio alimentario.
El ministro Planas ha tomado parte en el segundo encuentro de la serie de foros participativos que inauguró el pasado 11 de noviembre en Valencia y organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en torno al proyecto de Ley de Reducción de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario de Cataluña. Esta segunda cita ha tenido lugar en el Caixa Forum Macaya de Barcelona y ha contado con la intervención de Raúl Moreno Montaña, diputado del Parlament de Catalunya y ponente relator de la ley contra el desperdicio alimentario que tiene Cataluña, pionera en nuestro país.
Dado que el encuentro estaba destinado a la prevención en el ámbito de la distribución y del canal Horeca, también han participado representantes de la distribución. El objetivo es que estos encuentros participativos cuenten con los puntos de vista de todos los actores implicados para conseguir las mejores soluciones a través del diálogo y la experiencia. En palabras del ministro Planas, «es una Ley de suma y queremos enriquecer el proceso de su tramitación escuchando a todos los eslabones de la cadena y partes interesadas».
A este respecto, el ministro ha puntualizado que se trata de una ley de convencimiento y no de coerción, y que, por tanto, su verdadero éxito será formar parte de los valores de la sociedad en su conjunto. En orden de cosas, Luis Planas ha realizado una apelación a la ética, «porque todavía hay más de 800 millones de personas que pasan hambre y 1.600 millones con problemas de malnutrición». Pero también a la inteligencia, «porque no es muy inteligente tirar todos los recursos utilizados para producir los alimentos, máxime cuando algunos de ellos, como el agua, el suelo o la energía, son escasos y vitales para nuestra supervivencia», ha añadido el ministro.
España es el tercer país comunitario, después de Francia con su Ley Garot e Italia con su Ley Despilfarro Cero, que incorpora una normativa específica sobre desperdicio alimentario a su ordenamiento jurídico. En todo caso, la Comisión Europea tiene fijado como objetivo reducir, para 2030, el 50 % del actual desperdicio alimentario. Asimismo, Naciones Unidas, en su Agenda 2030, ha incluido esta meta a través del ODS número 12, que compromete a los países adscritos a garantizar modalidades de producción y consumo sostenibles.
Planas ha señalado que este proyecto de Ley forma parte de una idea antigua previa al inicio de la legislatura y que se enmarca en las grandes líneas del Gobierno de España en materia de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico.
La futura Ley, que consta de 15 artículos repartidos en cinco capítulos, cuatro disposiciones finales y una adicional, pretende establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones a lo largo y ancho de toda la cadena alimentaria., desde el origen hasta los hábitos de consumo en hogares y la restauración.
Pretende ser el marco jurídico regulatorio para todos los que formen parte de la cadena. Dispone de una jerarquía de prioridades para que prevalezca la alimentación humana en el destino de los alimentos (seguida de otras posibilidades, como transformación de frutas y verduras en zumos o cremas; alimentación animal; usos para compostaje o energía); y unas obligaciones comunes.
Otro de sus elementos más importantes son las obligaciones comunes para los agentes de la cadena, que tendrán que disponer de un plan de prevención; deberán donar o distribuir los excedentes; cuantificar las pérdidas; y presentar separadamente los productos con fecha de consumo preferente vencida del resto de productos.
La hostelería, además, tendrá que facilitar a los consumidores que se lleven los alimentos no consumidos sin coste adicional. Asimismo, serán flexibles con los menús y las raciones de diferente tamaño, e incorporarán criterios de compra sostenibles y de calidad.
Por su parte, los establecimientos de venta al por menor de 400 m2 o más deberán fomentar la venta de alimentos aptos para el consumo, aunque sean poco estéticos; y promover el consumo de productos de temporada, proximidad, ecológicos o a granel, así como de aquellos con fechas próximas a la fecha de consumo preferente.
Por último, el ministro Planas ha indicado que la Ley también dispondrá de un marco sancionador con tipificación de sanciones y con un amplio margen para las normativas autonómicas.
