«Somos los primeros interesados en acabar con el drama de los asentamientos pero no somos responsables»

La Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa, ha ofrecido hoy una rueda de prensa con “el ánimo de la más absoluta transparencia”, en la que ha realizado un primer balance de la campaña 2020-2021, muy marcada por la climatología de los primeros meses del año, el frío y la humedad, pero que se está estabilizando.

En su comparecencia inicial, el presidente de Interfresa, José Luis García-Palacios Álvarez, ha recordado los hitos más importantes para la organización y ha destacado el valor del tejido empresarial onubense de los frutos rojos, “especialmente comprometido y responsable”, algo que se ha demostrado en momentos cruciales como la repatriación extraordinaria del pasado julio, cuando la movilización y las negociaciones de la interprofesional y las organizaciones agrarias consiguieron devolver a casa en condiciones de seguridad a más de 7.200 trabajadoras marroquíes.

También ha querido destacar la universalización del Prelsi para aquellas empresas que voluntariamente hayan querido acogerse a “esta especie, entre comillas, de auditoria y fiscalización para demostrar a la sociedad civil que cada día queremos hacer las cosas mejor”.

En el mismo sentido se ha manifestado el vicepresidente de la interprofesional, Cristóbal Picón, que considera que “hemos creado una herramienta necesaria e importantísima para el día a día”. “Se está demostrando que da una seguridad a lo más importante, que son las personas que recolectan nuestro fruto”, al tiempo que ha asegurado que “no tenemos nada que esconder, nos sentimos capaces de afrontar las cosas con verdad y sinceridad”, una afirmación apuntalada por Alberto Garrocho, que ha afirmado que “somos un sector dinámico, pioneros en el todo el mundo en incorporación de mano de obra y nos merecemos estar mejor mirados”.

Los representantes institucionales de la interprofesional han dejado muy claro que no darán cobijo a quienes no cumplan escrupulosamente con la ley, “un pequeño porcentaje que no tiene cabida en este sector y que no merece ni mencionarse”.

Por su parte, Borja Ferrera, director del Prelsi, ha informado de la evolución de las incidencias en el estado de las viviendas, un 5% que pudo ser corregido antes de empezar la campaña gracias al temprano inicio de las revisiones por parte de los consultores de integración, 18 en esta campaña, 12 de ellos con experiencia de las campañas anteriores y seis incorporados este año.

También ha celebrado Ferrera la ínfima incidencia del Covid-19 en las personas trabajadoras que han llegado hasta ahora desde Marruecos, unas 10.000 de las que sólo cuatro han resultado afectadas por el virus. En total, los consultores realizan 126 visitas ordinarias a las que hay que añadir las intervenciones sanitarias, comunes o urgentes, e intervenciones sociales como la gestión de los asuntos bancarios.

El gerente de Interfresa, Pedro Marín, ha hecho una radiografía del sector, que aporta el 8% del PIB andaluz, en cifras: 11.700 hectáreas de cultivo, 1300 productores, 20 cooperativas de primer grado, dos de segundo grado y seis asociaciones empresariales, a los que hay que sumar 117 exportadores regulares.

Son entre 80 y 100.000 los puestos de trabajo que el sector productor de los frutos rojos aporta cada año, una cifra que se eleva a casi 160.000 si contamos los indirectos. De esos 100.000, un 52% son españoles, un 20% comunitarios y un 28% no comunitarios.

Pero, además, también forman parte del sector los centros más reputados nacional e internacionalmente, como el Ciderta, el Laboratorio de Investigación y Control Alimentario (Licah), el Centro Tecnológico de la Agroindustria Adesva o el Centro Innovador de Productos Agroalimentarios Cidpa, entre otros.

También ha destacado Pedro Marín el hecho de que el sector haya movilizado, desde 2016 a 44.458 personas y ha realizado 64.219 autorizaciones de tránsito transfronterizo a través de un mecanismo internacional de contratación reglada en origen único en el mundo, “que el 8 de marzo fue llevado a la comisión de migraciones del Senado por parte de esta interprofesional y recibió el respaldo pleno de todos los grupos parlamentarios representados en esa comisión como un modelo eficaz, que evidentemente requiere mejoras, pero que ha permitido la viabilidad de las campañas”.

“Esto es lo que representa el sector cuando se habla o se refieren a él”. “Cuando se ataca al sector, generalizando de manera torticera, se están refiriendo a familias, pequeñas explotaciones de agricultores, agricultoras que cada día están luchando, arriesgando su patrimonio en una fábrica sin techo y todo lo que supone sacar adelante la viabilidad de una empresa agrícola”, ha señalado Marín.

Sin embargo, como ha mostrado el gerente de la interprofesional, los datos reales son bien distintos y no se corresponden con esa generalización que pretenden desde ciertos medios y organizaciones. Entre 2019 y 2020 solo se produjeron siete denuncias en la provincia de Huelva, de las que cinco de ellas no corresponden al ámbito de la responsabilidad empresarial por tratarse de supuestos delitos de violencia doméstica. Por tanto, sólo se han producido dos denuncias en dos empresas del sector, lo que supone un 0,00015% de empresas del sector. Estas denuncias implican a un total de 18 personas, un 0,00018% de los trabajadores del sector.

Desde 2016 y hasta la fecha se han denunciado a tres empresas en vía laboral, con un total de 11 probables víctimas de algún tipo de vulneración de derechos laborales, dos empresas con derivación hacia la vía penal con ocho presuntas víctimas de algún tipo de vulneración de derechos humanos. Todas han sido o archivadas o desestimatorias. Esto representa un total de un 0,002% de las empresas del sector; y un total de 0,00011% de las personas que trabajan en el sector. Si todas las personas denunciantes formaran parte del contingente marroquí, estos datos representarían un 1,57% de las personas que han participado en el mismo desde esa fecha.

“Esta es la realidad de las estadísticas del sector”, ha insistido Pedro Marín. “Cuando se ataca al sector, se está socavando la imagen de un sector que está compuesto por muchísimas personas, agricultores, trabajadores, que son el mayor valor que tiene el sector, y lo que no podemos permitir desde la interprofesional es la generalización”. “Partimos de una base lógica: cualquier argumentación frente a un sector tiene que estar amparado en las estadísticas y los datos reales”, ha advertido, al tiempo que ha recordado que el propio Fiscal de Extranjería de Huelva afirmó el pasado 4 de marzo que no existen indicadores de violencia sexual en el campo.

En cuanto a los asentamientos, Marín ha recordado que en 2010 la interprofesional recurrió ante el Ministerio Fiscal para que dilucidase cuáles son las administraciones competentes “para dar solución a un drama que reconocemos como tal, pero del que no somos responsables”.

“Nos ponemos a disposición de la administración pública para colaborar en todo lo necesario cuando el actuar del sector público sea de manera decidida en la erradicación de esta realidad”, ha asegurado el gerente, que ha anunciado que, con independencia de la responsabilidad de todos los colectivos implicados y de las medidas que vayan a afrontar, el sector privado representado por Interfresa (un 98% del sector) está activando , entre otras intervenciones, la contratación de los servicios específicos de un equipo de expertos en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos y Empresas, para posicionar al sector como referente en producción sustentable y responsable, asistencia técnica que también es extensible a cada una de las empresas asociadas; el diseño de un Plan Estratégico sectorial caracterizado por dos ejes transversales esenciales: la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad humana; la mejora de la herramienta Prelsi para garantizar su efectividad, así como su alcance; la creación de nuevas herramientas de gestión empresarial responsable que en próximas fechas daremos a conocer; la conformación de un Comité Ético independiente que vele por las buenas prácticas empresariales; la realización de un estudio junto con una entidad prestigiosa de la sociedad civil organizada y la UHU sobre la realidad de los asentamientos irregulares desde una perspectiva cualitativa que permita construir una solución integral a dicha realidad y una hoja de ruta de denuncia ante las entidades públicas competentes directa e indirectamente en la materia para promover el actuar decidido y coordinado de la administración.

“Todo esto que les estamos anunciando hoy ya fue puesto en conocimiento de la Comisión de Migraciones del Senado hace escasas semanas, así a la Oficina de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y anteriormente ya fue puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, grupos parlamentarios provinciales y autonómicos, Junta de Andalucía, localidades afectadas por la presencia de asentamientos; y en breve lo será también al Defensor del Pueblo Andaluz y Nacional”, ha aclarado.

Por último, Pedro Marín ha recalcado que “ni queremos escondernos detrás de la responsabilidad de ninguna administración ni queremos que aquellos que no estén cumpliendo con los estándares propugnados por Interfresa se escondan tras nosotros. A quienes actúan en la impunidad y la falta de ética, toda la censura y el poder de la ley”.