Tras más de un año sin convocaría oficial, COAG celebra el interés del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por impulsar los trabajos del Observatorio de la Cadena Alimentaria y revitalizar este importante instrumento que se encontraba prácticamente desactivado y vaciado de contenido real. Según un comunicado de la organización, ahora debe concretarse actuaciones y calendario para 2019, tal y como anunció el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda durante la reunión del pasado martes, 15 de enero. Esta organización considera que hay un buen número de iniciativas que es necesario desarrollar en el seno del Observatorio con carácter de urgencia y en beneficio del conjunto de la cadena alimentaria.
Entre ellas, COAG ha solicitado que se siga trabajando en la difusión y formación sobre la Ley 12/2013 de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Se ha avanzado, pero el conocimiento en el sector de esta normativa aún es muy escaso (apenas el 30% de los operadores conocen la existencia de esta ley) y hay que profundizar en este aspecto. COAG también aboga por impulsar la adhesión de nuevas empresas al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.
Por otro lado, COAG también demanda la creación de grupos de trabajo específicos para determinados sectores, como en el sector lácteo o en cítricos, que permitan realizar una profunda investigación sobre el reparto de valor a lo largo de la cadena, y en áreas horizontales de trabajo, para determinar posibles mejoras en la Ley 12/2013.
En este sentido, es importante recuperar los estudios que se venían realizando sobre los precios y costes en los distintos eslabones de la cadena para múltiples producciones, y no proceder a la eliminación de fuentes de información sobre éstos. Esta línea de trabajo redundaría en la transparencia del conjunto de la cadena y sentaría las bases para una mejor relación de los distintos agentes.
Finalmente, COAG considera indispensable que el Observatorio trabaje en el desarrollo y generación de índices de referencia de precios en origen, especialmente para aquellos productos y sectores que no disponen de ellos. La Ley 12/2013 establece la obligatoriedad de establecer contratos por escrito, en una serie de supuestos, así como de contemplar en dichos contratos el precio en cuantía fija o variable. Dado que la Ley concreta que, en este último caso, el precio se determinará en función únicamente de factores objetivos, verificables, no manipulables y expresamente establecidos en el contrato, y en muchos sectores y productos no existen índices que puedan cumplir tales criterios, entendemos que el Observatorio debe posibilitar el establecimiento de los mismos y proporcionar así a los agricultores y a sus compradores un elemento necesario para las negociaciones.
