Los envases de plástico de las frutas y verduras tienen los días contados

Este artículo fue publicado originalmente en El País.

La venta de fruta y verdura en envases de plástico estará prohibida en los negocios minoristas (tanto tiendas de barrio como supermercados) de España a partir de 2023. Es una de las medidas que contempla el real decreto de envases y residuos que está ultimando el Gobierno y que el Ministerio para la Transición Ecológica está a punto de sacar a información pública, según señalan fuentes de este departamento. La norma también contiene medidas para impulsar la venta a granel y el agua no embotellada.

El veto a los envases en el caso de la fruta y la verdura se aplicará a los lotes de menos de un kilo y medio de peso. Es una prohibición similar a la que recoge la ley francesa antidesperdicio, que entrará en vigor en ese país en 2022. El Ejecutivo español busca “combatir de la manera más eficaz la sobreutilización de envases”, detalla una portavoz del ministerio. Las mismas fuentes advierten de que la contaminación por plástico “ha excedido ya todos los límites” para justificar este veto. Dentro y fuera de España varias ONG ecologistas, como Greenpeace, llevan años lanzando campañas bajo el lema “desnuda la fruta” para presionar a los pequeños comercios y grandes superficies para que dejen de plastificar estos productos frescos.

El departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera está rematando el texto del borrador, pero ya ha mantenido reuniones con las asociaciones empresariales y con las organizaciones ecologistas más importantes para trasladarles algunas de las principales líneas de actuación del real decreto, que debe servir también para trasponer varias normas europeas e incorporarlas así al ordenamiento jurídico español. Según la información que se ha transmitido, quedarán fuera de la prohibición de envases de plástico los alimentos “con riesgo de deterioro cuando se venden a granel”. La lista de productos será fijada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Julio Barea, de Greenpeace, está de acuerdo con el veto a la fruta plastificada, aunque advierte de que es importante analizar “cómo se aplicará” finalmente. Respecto al resto del real decreto, este activista cree que el Ejecutivo no va lo suficientemente deprisa para “cortar radicalmente el flujo de la contaminación por plástico”. “Bebemos plástico, comemos plástico y respiramos plástico”, advierte Barea sobre los efectos de una contaminación que califica de “pandemia”.

El decreto también contempla la obligación para las administraciones de “promover la instalación de fuentes de agua potable en espacios públicos”. Y el deber de “implantar alternativas a la venta de bebidas envasadas” y a la “distribución de vasos de un solo uso” en eventos públicos también a partir de 2023, según la información facilitada a los grupos ecologistas.

Para los comercios minoristas, el Gobierno prevé medidas para que promocionen la venta a granel de productos frescos sin envase. Estos establecimientos, por ejemplo, deberán permitir a los clientes que lleven sus propios recipientes reutilizables para que sean rellenados, aunque se establecerán unas condiciones de limpieza e idoneidad por parte de los comercios.

Envases reutilizables

Entre los objetivos generales del real decreto, se establece como meta lograr una reducción del 50% de la venta de botellas de plástico para bebidas en 2030, siempre según la información que ha ofrecido el Gobierno a los principales actores del sector. Y se marca que para finales de esta década se logre que el 100% de los envases que se pongan en el mercado sean reciclables.

En la documentación remitida por el ministerio a las ONG, se concretan, además, objetivos para la promoción de los envases reutilizables —por ejemplo, las botellas de plástico más duro o vidrio que pueden usarse en varias ocasiones—. En el caso de los hoteles, restaurantes y cafeterías, se plantea que el 50% de los envases que se vendan en 2025 sean reutilizables; en 2030 se debe llegar al 60%. En el caso de las cervezas, se fija un 80% en 2025 y un 90% en 2030. Y para las bebidas refrescantes las metas son del 70% y del 80% respectivamente. En el caso de las ventas para el consumo en los domicilios, los objetivos son mucho menos ambiciosos: un 10% de los envases de bebidas en general en 2025 y un 20% en 2030.

Una de las grandes batallas tanto de este real decreto como de la ley de residuos que se está tramitando en el Congreso de los Diputados es la de la puesta en marcha de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases, como existe en algunos países de la Unión Europea. Sin embargo, en España es motivo de disputa entre algunas organizaciones ecologistas, partidarias de ese modelo, y Ecoembes —la empresa encargada de la gestión de la mayoría de envases domésticos—, que se resiste a que se ponga en marcha.

Carlos Arribas, responsable del área de residuos de Ecologistas en Acción, explica que el ministerio sigue dejando abierta la posibilidad de instar a la implantación de este sistema (que implica que el consumidor debe dejar unos céntimos de depósito por cada envase, que le son devueltos cuando retorna la botella). El texto del proyecto de ley que el Ejecutivo envió en mayo al Congreso de los Diputados era bastante ambiguo y simplemente plantea que se pueda poner en marcha.

PSOE y Unidas Podemos pactaron la semana pasada una enmienda conjunta en el Parlamento que sirve de guía para saber lo que pretende hacer el Gobierno de coalición. Ese sistema de depósito y devolución solo se implantará en el caso de que no se cumpla con unos objetivos de recogida separada de botellas de plástico. En 2023, al menos el 70% del peso de los envases introducidos en el mercado deberá haber sido recogido para su reciclaje; en 2027 se tendrá que haber llegado al 85%. Si no se cumplen esas metas, se implantará el sistema de depósito y devolución, según la enmienda de los socialistas y Unidas Podemos. El problema es que los ecologistas afirman que el sistema actual con el que se contabiliza el porcentaje de envases recuperados no es fiable. “Se espera que la Comisión Europea unifique la forma en la que se contabiliza este asunto”, explica Arribas.