El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha impuesto 95 sanciones por infracciones de la ley de la cadena alimentaria en el primer semestre de 2022, el 45% motivadas por el incumplimiento de los plazos de pago, que concretan los sectores mayorista y de la industria, según publica El Economista.
Así figura en el informe presentado por la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) del Ministerio, el primero que recoge las modificaciones legales que el pasado año se introdujeron para la mejora de la cadena alimentaria y que incrementaron el catálogo de prácticas comerciales abusivas y desleales, y nuevas sanciones.
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El 37% de las sanciones recayó en el sector de las frutas y hortalizas y el 31 % en el sector vitivinícola. Además, se han impuesto cuatro sanciones en el sector de los frutos secos, ocho en el lácteo, ocho en el aceite de oliva, y 11 en el cárnico.
También ha habido 20 sanciones por ausencia de contratos, 11 por no incluir el precio en los contratos, ocho por modificaciones unilaterales no pactadas y otras ocho por destrucción de valor en la cadena alimentaria.
La AICA realiza inspecciones de oficio, investiga las denuncias que se presentan por posibles incumplimientos de la ley, inicia e instruye expedientes sancionadores y propone sanciones en caso de detectar infracciones. Durante el primer semestre, la agencia ha recibido y ha investigado un total de nueve denuncias por posibles incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria (cuatro del sector de frutas y hortalizas, dos del sector lácteo, una del sector vitivinícola, una de aceite de oliva y otra de aceituna de mesa).
Desde su entrada en funcionamiento en 2014, la agencia ha realizado 6.142 inspecciones, que han motivado la imposición de 3.149 sanciones por más de 13,6 millones de euros. La mayor parte recae en el sector de la distribución comercial minorista, con casi 8,7 millones de euros.
Hasta la fecha de elaboración de este informe se ha pagado el 87% de los importes totales de las sanciones impuestas (11,8 millones de euros).
Fuente: El Economista
