Los invernaderos de Almería llevan más de medio siglo alimentando al continente europeo con frutas y hortalizas muy valoradas en los mercados por su calidad, aunque esta posición se ha visto cuestionar en los últimos años por las denuncias de las organizaciones agrarias sobre las condiciones laborales de los trabajadores que posibilitan la viabilidad de los cultivos, una reclamación que ha tenido eco en medios internacionales y que, en países como Francia, ha implicado mostrar al sector hortofrutícola almeriense como foco de “problemas humanitarios”. “Presos en los invernaderos”, llegó a titular un reportaje de la cadena más vista de este país, TF1.
Ahora, este debate sobre las condiciones laborales que algunos empresarios proporcionan a sus empleados, que parecía oculto entre otros problemas estructurales que atraviesa el sector, vuelve a primera plana por la detención de dos responsables de explotaciones agrícolas de El Ejido, a quienes la Policía Nacional acusa de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecer la inmigración ilegal, en un operativo coordinado entre la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de El Ejido y la Inspección de Trabajo de Almería.
Estos dispositivos impulsados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social buscan evitar la contratación irregular, detectar situaciones de explotación laboral y supervisar las condiciones de trabajo para los empleados del sector hortofrutícola, con el objetivo de garantizar su protección frente a las condiciones abusivas.
Una situación que no es una sorpresa para las asociaciones de Derechos Humanos, que han denunciado la situación irregular a la que parte del empresariado del sector somete a los trabajadores, buena parte de ellos inmigrantes que viven en asentamientos como el de Atochares, en Níjar, donde carecen de servicios básicos como luz o agua, y que ha llevado a las autoridades a reforzar los dispositivos para asegurar que se cumple la ley.
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