El uso de sustancias activas es uno de los retos más críticos en la agricultura. Las normativas europeas afectan directamente a los profesionales y se prevé que los costes directos aumenten a medida que se reduzca su uso. Por ello, es fundamental comprometerse con la sostenibilidad sin comprometer la producción.
Ese es el reto que deben marcarse quienes trabajan para adoptar las normas de la Unión Europea, diseñar políticas que combinen sostenibilidad y producción. Un ejemplo son los insumos que permiten mantener la productividad en un inicio, pero que acaban provocando problemas en el medioambiente. Estos deben eliminarse gradualmente, aunque los productos químicos requieran menos inversión que las nuevas soluciones biológicas.
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Así, la inversión es un aspecto importante. La aplicación del control biológico implica destinar un mayor dinero de entrada que el uso de productos químicos y trabaja a un plazo más amplio que los fitosanitarios que se llevan usando históricamente, que permiten atajar las enfermedades a un mejor ritmo, aunque pueden producir resistencias por parte de las plagas.
El problema de costes es por tanto importante para los productores y debe estar en la agenda, pero hay que tener claro cómo deben trabajar los políticos de la Unión Europea en el ámbito de la sanidad vegetal. La ciencia y unos marcos que sean claros para quienes tienen que materializar las decisiones adoptadas deben sustentar la base de las políticas que se tomen en el uso de sustancias activas. Quizás es necesario tener mayor personal y recursos disponibles a la hora de realizar la investigación pertinente para acelerar la capacidad de aprobar nuevas herramientas que sean seguras y que permitan mantener la producción.
La ciencia no es posible sin la colaboración de todos los agentes implicados. Los institutos especializados en este ámbito deben trabajar unidos con las administraciones comunitarias, con una retroalimentación mutua y reconociendo las instituciones los resultados a los que los expertos lleguen, sin necesidad de repetir el trabajo.
En esta línea, quienes dirigen la Unión Europea deben implicarse en el futuro de la lucha biológica, pues va a impactar sobre los cultivos comunitarios, que, con excepciones como los acuerdos con Reino Unido o Noruega, venden su producción a los países miembros. Su política de protección de cultivos tiene un impacto limitado si se analiza de una forma global el sector hortofrutícola, pero una repercusión mayúscula en el seno del continente.
Desde Rabobank tenemos propuestas que hacer a los políticos que deben tomar las decisiones en las instituciones de la Unión Europea. Una de ellas es contar con un precio mayor en los supermercados, con el objetivo compartido por todos los integrantes de la cadena de lograr un mayor retorno a las inversiones realizadas por los productores sin descuidar la salud de los cultivos.
Los bancos tienen un papel relevante, pues pueden conceder unos tipos de interés menores a cambio de reducir la huella de C0₂.
Son soluciones que pueden parecer complejas de adoptar para el sector, pero que merece la pena explorar por parte de toda la cadena.
