El número mínimo de miembros de las OP y su VPC mínima: una propuesta
Cuando me nombraron jefe de la Unidad Frutas y Hortalizas en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, me encontré con un anexo en la reglamentación comunitaria en el que se definía, por productos y países, cuáles eran los mínimos que debían cumplir las organizaciones de productores (OP) en cuanto a miembros y al volumen de la producción comercializada (VPC). Pregunté a mi adjunto, un gran funcionario con mucha experiencia en el sector, Gabriel de Vulpillières, de dónde venían estos datos y me respondió que eran los que habían comunicado los Estados miembros.
Acababa de llegar, no le veía el interés comunitario en publicar esta lista, pero me callé, a la espera de conocer mejor los detalles de la reglamentación.
Unos meses después, recibimos una demanda del Gobierno francés para modificar el anexo. En efecto, en el Departamento (lo equivalente en Francia a nuestras provincias) de La Corrèze (que resultaba ser el departamento del presidente de la Republica, Jacques Chirac), un grupo de jóvenes agricultores había decidido promover una OP de champiñones ecológicos, pero su VPC era menor que la cifra comunicada anteriormente por el Ministerio galo.
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Por supuesto, en cuanto se pudo, se modificó el anexo, pero decidí acabar con esta ridiculez burocrática. Si las cifras las decidían en la práctica cada país, pues démosles el poder de hacerlo sin trampa ni cartón. Así se hizo, pero como había que fijar un mínimo, la solución jurídica encontrada fue de fijarlos: 5 productores y 100.000 € (los mínimos que figuraban en el anejo que suprimíamos) y permitir que los Estados miembros fijen a su conveniencia límites superiores.
Y así estamos. Por supuesto que, para los grandes países productores, estas cifras son ridículas, pero la Unión Europea es muy variada y también hay productores en países en los que la producción hortofrutícola es anecdótica.
El dilema
El dilema para un país como España es el siguiente: cuanto más bajos sean los mínimos, más fácil es que los productores participen en una OP. Como este es el canal por el cual se canalizan los fondos comunitarios, más fácil es que lleguen esos fondos al país. Pero si las OPs no tienen dimensión suficiente, no tendrán la capacidad de ajustar en cantidad y calidad la oferta a la demanda, y de contribuir a una cadena alimentaria más equilibrada.
La decisión que adoptaron las autoridades españolas fue inclinarse por límites bajos. De hecho, según las cifras de 2019, en España tenemos 536 OPs reconocidas frente a las 290 reconocidas en otro país importante como Italia. Esta decisión política podría defenderse como punto de partida para intentar integrar al máximo de productores en la dinámica organizadora del sector, pero, 30 años después, esta justificación está más que caduca.
Por esto, el hecho de que España haya (¡por fin!) movido ficha es, a mi juicio, una buena noticia.
La posible reforma de las OPFH impediría la concentración de la oferta hortofrutícola
Lo que se entiende menos es que la subida de los límites propuestos se produzca únicamente en la VPC y no en el número de productores. Si se me permite una sugerencia, me parece que lo lógico es iniciar este camino de concentración de la oferta, marcar un objetivo a alcanzar en un plazo determinado a negociar, lógicamente, con el sector y comenzar la transición jugando al mismo tiempo o, alternativamente, con ambos límites, de nuevo tras una negociación con el sector.
