Estos últimos días nos han aportado algunas buenas noticias, ¡ya era hora!, en esta campaña citrícola catastrófica.
La primera es que se ha publicado la Ley valenciana de Estructuras Agrarias, aprobada, por cierto, (y esto en estos tiempos hay que subrayarlo) por unanimidad en las Cortes Valencianas y reclamada por el conjunto del sector. Entre sus novedades más significativas, cabría destacar le red de oficinas gestoras de tierras que consolida y apoya las experiencias de bancos de tierras existentes. Es una manera inteligente de hacer frente al minifundismo, la dispersión parcelaria, el envejecimiento, la falta de relevo generacional y el abandono del cultivo: poner en contacto propietarios que no quieren o pueden seguir cultivando con agricultores que necesitan mejorar la dimensión de su explotación.
La ley prevé también la elaboración de mapas agronómicos y de variedades como instrumento de planificación e información e impulsa un Plan de actuación sectorial para mejorar la planificación de los cultivos en secano y regadío. La palabra “planificación” puede siempre asustar pero, en este caso, no implica ni obligación ni imposición, la decisión final seguirá siendo, como no podía ser de otra forma, únicamente del agricultor.
La segunda buena noticia es que la Interprofesional del limón, AILIMPO, ha aprobado una extensión de norma para los próximos cinco años con un presupuesto ambicioso que podrá alcanzar 4.770.000 euros para el total de las cinco campañas (1 de septiembre 2019 a 31 de agosto de 2024).
PUBLICIDAD
Como afirma el director de AILIMPO, José Antonio García, “esta Extensión de norma está destinada a ser un instrumento clave para el sector y permite consolidar el papel que la Interprofesional desarrolla con visión de futuro. Sin duda va a permitir no solo hacer frente a los retos del futuro, sino adelantarnos a muchos de ellos y mejorar nuestra posición competitiva en los mercados internacionales de limón y pomelo en fresco así como de los productos derivados: zumo, aceite esencial y cáscara deshidratada. Se trata de un proyecto ambicioso que pone en valor el rol de la Interprofesional desarrollando los mecanismos de la normativa comunitaria”. Yo añadiría un simple comentario: ¿Si se puede!
Algunos se extrañarán de que cite únicamente en tercer lugar las 14 medidas que el Ministerio ha propuesto al sector en la reunión de la Mesa Nacional de Cítricos celebrada el 7 de marzo pasado. Esto se debe al que el protagonismo central para afrontar la crisis citrícola no está en mi opinión en la Administración, sino en los propios productores. En propias palabras del ministro, se trata de “impulsar la organización del sector, mejorar el conocimiento y la planificación de la oferta y la demanda de los mercados internacionales”.
No vamos a detallar aquí el contenido del Plan, que el lector puede encontrar en esta misma página web. Simplemente señalaremos que cubren entre otros aspectos ayudas fiscales; la potenciación tanto de Organizaciones de Productores y de sus Asociaciones como de Interprofesionales; campañas de promoción y un Plan específico para vigilar el cumplimiento de la ley de la mejora de la cadena alimentaria.
El Ministerio abre la vía para prorrogar las ayudas para la retirada de cítricos. Como denunció con razón la Unió, solo se habían utilizado el 39% del previsto a fecha del 3 de marzo, a pesar de que la campaña continuaba siendo “un auténtico desastre”. De esta cantidad, el 42% lo han solicitado desde Andalucía y solo el 37% desde la Comunidad valenciana. ¿Puede haber mejor prueba de las carencias organizativas del sector? Sí, quizás, el abandono de Intercitrus.
En el ámbito europeo, el Ministerio también mueve ficha: aplicación de los principios de reciprocidad para los acuerdos comerciales con países terceros; análisis de impacto y sistemas de seguimiento de los efectos de los acuerdos y la vigilancia activa de los resultados de los controles fitosanitarios a nivel europeo.
Algunas voces del sector han criticado que el Ministerio no haya previsto (por ahora) una ayuda directa de Estado en el marco de las reglas “de minimis” previstas por la Unión Europea, con un máximo de 25.000 € por explotación en 3 años. No cabe duda que esta ayuda puede aliviar coyunturalmente la situación y, por esto, no conviene descartarla, pero solo tendría sentido si el sector se pone las pilas y aborda los restos estructurales de organización (y reorganización) que tiene pendiente. Con escaso margen presupuestario, con unos presupuestos prorrogados, con unas elecciones generales convocadas, se puede criticar el “no hacer”, pero estoy convencido que si se hubiera desbloqueado la ayuda de estado, habrían llovida las críticas de electoralismo y de utilizar el dinero de todos los españoles para hacer campaña electoral. Si no hace mal, y si haces, mal también.
