UPA defiende la sostenibilidad del regadío del Campo de Cartagena, “de los más modernos y eficientes en la actualidad” y recuerda que no son necesarias nuevas leyes para identificar, sancionar y eliminar situaciones o prácticas ilegales.
UPA ha reiterado su convencimiento de que los agricultores van a ser actores imprescindibles para que puedan materializarse algunas de las actuaciones definidas ya como estratégicas para eliminar o minimizar el impacto de las actividades humanas sobre el estado ecológico del Mar Menor. Precisamente por ello, el conjunto de actuaciones debe ser planteado para ejecutarse “con” los agricultores y no “contra” los agricultores.
Para UPA, el hecho de que el grueso de las medidas que ahora se plantean con toda celeridad y urgencia estuvieran ya definidas, al menos, desde la aprobación del anterior Plan de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura en el año 2009 (y que a día de hoy están aún sin ejecutar en su práctica totalidad), es una circunstancia que debe ser tenida en consideración para determinar en sus justos términos las responsabilidades de que el Mar Menor haya alcanzado su estado actual.
Por ello, UPA no va a contribuir a que sea el sector agrario el que otra vez tenga que poner una mejilla y también la otra para “lavar la cara” de las Administraciones Públicas que, durante muchos años, han sido las exclusivas responsables de la parálisis de la ejecución de las actuaciones que permitirían la compatibilidad del ejercicio de las distintas actividades y el adecuado estado medioambiental del Mar Menor.
Al mismo tiempo, UPA ha ofrecido su compromiso para colaborar y apoyar la puesta en marcha de medidas y la ejecución de infraestructuras que permitan minimizar el impacto medioambiental sobre el Mar Menor a partir de una premisa básica: ha de ser un proceso justo en el que se garantice que en su tránsito no caigan los más débiles.
Precisamente por ello, UPA no es partidaria de “ocurrencias” de última hora manifestadas por algunos que se arrogan la representación del sector agrario y ofrecen propuestas sin evaluar sus beneficios sobre el Mar Menor ni su impacto sobre el sector agrario. Para UPA, las medidas y actuaciones deben contar con aval técnico y científico y estar alejadas de la improvisación.
Así, de cara a la elaboración del Decreto-Ley de Protección Integral del Mar Menor y referido a algunas de las cuestiones que están siendo objeto de debate público, UPA ha realizado, entre otras, las siguientes aportaciones:
Regadíos ilegales: No es necesaria nueva legislación al respecto. A día de hoy (y desde hace años), las competencias y procedimientos para su identificación a través de un proceso con garantías están perfectamente definidos. UPA es partidaria de su aplicación y recuerda que corresponde a las distintas administraciones en el ámbito de sus competencias hacer cumplir la Ley y materializar la eliminación de los regadíos ilegales que pudieran identificarse.
Sostenibilidad del regadío: Cuestionar la viabilidad del regadío del Campo de Cartagena es casi tanto como afirmar que debe suprimirse todo el regadío existente en España. Los agricultores del Campo de Cartagena han venido realizando una constante evolución hasta disponer actualmente de los sistemas de regadío más modernos y eficientes actualmente existentes.
Es necesario tener en cuenta, además, la contribución extraordinaria que el regadío del Campo de Cartagena realiza recibiendo y gestionando aguas residuales urbanas de los municipios del Mar Menor evitando que estas tengan otro destino. La reutilización de estos vertidos por los agricultores, tras su reciclaje y mezcla con agua de otras procedencias solo es posible si existe un regadío moderno que tiene como objetivos el ahorro y eficiencia en el uso del agua.
Por otra parte, y en la perspectiva (ineludible a la vista del consenso científico, aunque pendiente de cuantificación) de realizar extracciones del acuífero cuaternario para evitar filtraciones subterráneas al Mar Menor mediante el control del nivel freático, la participación del regadío resulta indispensable.
Eliminación de superficies de regadío (legales): UPA no es partidaria de ofrecer de forma genérica una supresión de superficies de regadío con el único argumento de su cercanía a la costa del Mar Menor. Bajo la misma premisa cabría exigir la supresión de todo tipo de construcciones y actividades existentes en esa misma ubicación, ya que sería insostenible defender que el regadío perjudica al Mar Menor y el resto de actividades carecen de impacto.
Lo que es exigible, en opinión de UPA, es que los agricultores hagan bien su trabajo conforme a las normas establecidas y utilizando las técnicas de cultivo y modos de producción adecuados.
Cabe recordar al respecto la vocación exportadora de la agricultura del Campo de Cartagena, que se ha alcanzado no sólo cumpliendo con la ingente y exigente normativa que regula a nivel nacional y europeo los modos de producción para garantizar la obtención de productos sanos y seguros para los consumidores, sino atendiendo también las estrictas exigencias adicionales de los clientes y supermercados europeos.
Conversión a la agricultura ecológica: Si bien la producción agrícola ecológica viene adquiriendo cada vez más mayor presencia y ocupando mayor superficie agrícola de regadío, su desarrollo no puede constituir una imposición para los agricultores, sino una opción hacia la que puedan reorientar su modo de producción en función de la demanda.
No obstante conviene apuntar que en la actualidad, la denominada agricultura “convencional”, a través de los modernos sistemas de fertirrigación, ya aplica los nutrientes de forma extraordinariamente eficiente combinando varios factores, entre ellos el uso eficiente del agua, la máxima absorción de los nutrientes por la planta (evitando su filtrado a capas inferiores) y la utilización de productos que han superado exhaustivos y exigentes controles públicos para su autorización y utilización.
Pequeños agricultores y agricultura familiar VS Agroindustria: UPA es firme defensora del modelo de producción agraria basada en explotaciones profesionales y adecuadamente dimensionadas de pequeños y medianos agricultores y explotaciones familiares. Consideramos que es el modelo de explotación que reporta y reparte mayores beneficios económicos, sociales y medioambientales a la sociedad, está ligada al territorio con vocación de continuidad y precisamente por ello persigue mantener en adecuadas condiciones los recursos naturales indispensables para el desarrollo de su actividad, fundamentalmente el suelo y el agua.
Es precisamente por esto que UPA insiste y reitera que una transición justa debe estar presente en la protección del Mar Menor para evitar que se extiendan, por la vía de generalizar las exigencias para eliminar las posibles prácticas inadecuadas de unos pocos, los mismos efectos que viene causando el acceso al agua: cuanto más escasa y más cara, a los primeros que se expulsa de la actividad es a los pequeños y medianos agricultores y a las explotaciones familiares.
Fuente: UPA
