«Contamos con una ley que no teníamos y con una buena disposición del equipo de Información Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para solucionar los problemas de la cadena alimentaria, pero al final no ha logrado solventarlos», declara a Efeagro el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos.
Los integrantes de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) piden que los contratos que se establezcan en las operaciones «garanticen los precios por encima de los costes de producción que tienen los agricultores».
Para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la ley ofrece una «mayor seguridad jurídica al sector», sin embargo, considera que «existe una falta de claridad sobre los precios», según Andoni García Arriola, miembro de la comisión ejecutiva de esta asociación.
«Se ha actuado con flexibilidad y eso ha sido un error; el Gobierno tiene que velar para evitar contratos que no incluyan precios y plazos de pago», argumenta el secretario general de Asaja en Castilla León, José María Fresneda.
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En este punto -prosigue García Arriola-, «es necesaria, además, la figura de un mediador con carácter independiente que pueda hacer cumplir la ley».
Tanto UPA como COAG y Asaja consideran que «no se cumple con el periodo de pago en los artículos perecederos (leche,fruta y hortalizas) recogido en la ley fijado en 30 días».
El director de la Información Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, explica que «establecer la obligación de formalizar por escrito los contratos no se logra de un día para otro», ni tampoco, «que éstos tengan un precio determinado, pagar los productos dentro de los plazos establecidos o eliminar la venta a resultas o los ‘pagos atípicos'».
El papel de la agencia es «fundamental para recordar que la ley hay que cumplirla y que no saldrá gratis saltarse lo establecido», según Herrero, quien ha afirmado que la AICA ha recibido 20 denuncias en este año.
Otro de los problemas sin revolver para los productores es la venta a pérdidas, según detalla UPA para quien «las cadenas de distribución han lanzado más campañas que años anteriores; en ellas ofrecen productos de primera necesidad como reclamo, lo que ha perjudicado a los agricultores».
El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, apunta que «si hay algún objetivo realmente prioritario es el de garantizar la seguridad jurídica de los productores primarios mediante la generalización de los contratos por escrito; consideramos que no se ha entendido bien, y esto es lo fundamental».
Desde ACES,»se va a exigir que el cumplimiento de la Ley de la cadena se aplique a todos los operadores, tanto en lo que se refiere al régimen de contratación como al de plazos de pago».
La ley ha sido valorada también por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) que reconoce «el esfuerzo que han realizado las empresas integradas por adaptarse a la nueva ley sin que conlleve costes innecesarios».
«El esfuerzo está siendo, según nuestra opinión, mayor en otros eslabones que en el de la distribución», concluyen.
La ley de la cadena alimentaria «ha marcado un hito ya que ha permitido restablecer el equilibrio y la seguridad jurídica entre todos los eslabones de la cadena alimentaria, cuyo principal beneficiario es el consumidor», argumentan desde la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).
