«Hay falta de información y dejadez». De esta forma explican las organizaciones agrarias y las cooperativas la escasa receptividad obtenida hasta el momento por parte de los agricultores, ante la futura constitución de la Interprofesional de la Patata en Castilla y León. La opinión general es que las cosas se han hecho «mal» desde un principio, por eso el sector intenta ahora «impulsar» un instrumento que productores y comercializadores consideran «necesario» para resolver los problemas que tiene el sector. Cuestiones que afectan a la regulación de la oferta y a la mejora del equilibrio de la cadena alimentaria, junto a la promoción de las producciones.
Para que la Interprofesional salga adelante debe ser reconocida oficialmente, y para ello debe tener una representatividad mínima del 51% en todas y cada una de las ramas de actividad que la integran (producción, transformación y/o comercialización). La parte comercializadora ya cuenta con los apoyos necesarios, mientras el sector productor sigue recabando las firmas y adhesiones de los cultivadores. Sin duda, la buena campaña de precios de 2016 no ha ayudado a activar esta herramienta.
Hay que apuntar, que la organización Interprofesional está compuesta paritariamente por el sector productor y comercializador a partes iguales. En la Interprofesional de la patata de Castilla y León, OIPACYL, la parte de la producción la conforman las Opas, «inicialmente a partes iguales» (28% cada una), y las cooperativas agrícolas (16%). En cuanto a la comercialización, la integran las cooperativas agrícolas (16%) y Asopocyl (Asociación de Operadores de Castilla y León), con un 84%. Así lo expone la presidenta de la Interprofesional, Yolanda Medina, que recuerda también que sus componentes «no tienen sueldo y los puestos son rotatorios entre todos los miembros».
El caso de Castilla y León difiere, sin embargo, al de otras Interprofesiones. Mientras que en España existen 26 organizaciones Interprofesionales que comenzaron a trabajar «con reconocimiento mútuo», la presidenta de OIPACYL, señala que, en esta ocasión, esta nueva herramienta se quiere constituir «preguntando directamente a los agricultores». Un hecho que está dilatando el proceso. Hasta el momento el número de apoyos recabados entre el sector productor no llega al 30%, de ese 51% al que obliga la Ley para que la Interprofesional sea reconocida oficialmente. Las Opas y las cooperativas trabajan ahora para que el resto de adhesiones se puedan recoger en los primeros meses del año. Y es que, el sector tiene claro que este es un proceso que «no se puede dilatar en el tiempo».
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La presidenta de la Interprofesional ya constituida, pero no reconocida aún por la Junta, entiende que el proceso pueda suscitar «dudas», por eso invita a los 3. 300 patateros de Castilla y León a aclararlas y a apoyar este nuevo instrumento «clave» para el sector.
Yolanda Medina destaca como objetivos prioritarios de la Interprofesional: la promoción del consumo de la patata de Castilla y León; la mejora del conocimiento y la transparencia de la producción y del mercado; la adopción de medidas para regular la oferta; o la realización de estudios y programas de investigación.
Un trabajo que, dicen, únicamente podrá realizarse si el sector está unido, al estilo del modelo francés donde la Interprofesional es un ejemplo de intervención en el mercado.
El contexto actual, según el sector, es que la patata no cuenta ahora con «ninguna» regulación en el mercado y «depende de la voluntad de los consumidores». Una voluntad que confirma un descenso en el consumo de este tubérculo año a año.
No hay que olvidar que Castilla y León es la principal productora de España, con el 40% del total nacional y una superficie cercana a las 20.000 hectáreas en 2016. También, según Medina, es la región «con más perspectiva».
Las organizaciones se muestran «optimistas» y confían en que la Interprofesional salga finalmente adelante por el futuro del sector. Para ello, afirman, hay que «implicarse y trabajar». En relación a la financiación, un aspecto que puede generar alguna suspicacia, la presidenta de OIPACYL detalla como las Interprofesiones comienzan su andadura con ayudas por parte de la adminsitración y las aportaciones de los socios que la componen a partes iguales, tanto el sector productor como el comercializador. No hay ninguna cifra cerrada, aunque se barajan una horquilla entre 10 y 50 euros por hectárea, aproximadamente.
Una vez que la Interprofesional «va consiguiendo objetivos y pasos sólidos», se encara el proceso de extensión de norma. Un mecanismo por el cual los acuerdos tomados en el seno de la O.I. pueden hacerse obligatorios a todos los productores y operadores del sector. Para poder llevar a cabo la extensión de norma, el acuerdo debe estar espaldado por, al menos, el 50% de los productores y operadores y del 75% de las producciones afectadas.
Fuente: www.elcorreodeburgos.com
