Según los últimos datos de Eurostat, España es el principal Estado miembro productor con el 18 % de las superficies europeas en agricultura ecológica (o en conversión), muy por delante de Italia y Francia. Con casi 2 millones de hectáreas, supone un aumento de 250.000 hectáreas en 2015 en comparación con 2014. Como en el resto de Europa, los pastos permanentes se llevan la parte del león (47 %) pero son seguidas por los cultivos leñosos y especialmente olivos y frutos de cáscara.
Distribución de la superficie 2015 en agricultura ecológica (y en conversión) por Estados miembros
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Las frutas y hortalizas (incluyendo los champiñones) aportan el 0,55 % de la superficie pero representan el 60 % del valor de las exportaciones españolas de productos ecológicos, 724 millones EUR en 2014. Se trata de cifras modestas, pero en constante aumento, + 8 % con respecto a 2013 y + 23 % con respecto a 2012. La mayor parte de la producción ecológica española de frutas y hortalizas se comercializa en Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y los Países Bajos. Por primera vez este año, el Gobierno español ha financiado la participación de 15 empresas exportadoras de productos ecológicos en una feria internacional. Era la «« Nordic Organic Food Fair de Malmöe », Suecia, los días 16 y 17 de noviembre de 2016.
En el I Simposio de la agricultura ecológica de Almería, en el mes de mayo, Luis Miguel Fernández, administrador de COEXPHAL, explicó que son ya más de 1000 hectáreas de invernaderos que son productos ecológicos certificados, más del doble que hace 2 años. Roberto García torrente, Director de Business agroalimentaria de CAJAMAR, prevé que el 25 % de las hectáreas en invernaderos de la provincia (30.000 en la actualidad) estarán certificas como ecológicas en el 2020.
La influencia y las demandas de las grandes cadenas de distribución europeas se encuentran detrás de esta explosión. Junto a productores especializados “ecológicos” como Biosabor (170 has), grandes operadores como Unica, Vicasol y Canalex ampliaron sus gamas de productos ofertados para cubrir también este segmento del mercado.
¿Puede una explotación de 170 hectáreas de invernaderos merecer la calificación de “ecológica”? Son varios en Europa los que plantean la cuestión, interpelando incluso a las autoridades de Bruselas. Este dilema es uno de los que ha condicionado el debate actual sobre el nuevo Reglamento europeo para la agricultura ecológica.
En primer lugar, y esto parece lógico, la Unión Europea quiere que el logotipo europeo corresponda a un nivel de calidad y control que satisfaga las expectativas de los consumidores. Como el resto de la normativa europea (el mismo debate tiene lugar sobre las medidas agroambientales y sobre el desarrollo rural), la tendencia es pasar de una lógica de medios a una lógica de resultados, con todos los problemas que ello plantea. Las recomendaciones del informe nº 9/2012 del Tribunal de Cuentas Europeo «auditoría del sistema de control de la producción, transformación, distribución e importación de productos ecológicos» hablan de «intensificar los controles» y «servicio de vigilancia», «garantizar a la Comisión una supervisión apropiada» y «reforzar la supervisión».
El desarrollo del comercio de productos ecológicos, entre los Estados miembros o procedentes de terceros países, no solo permitió responder a las demandas crecientes de los consumidores alemanes y del norte de Europa, pero también ha hecho más fácil la aparición de fraudes. Estos podrían representar un golpe mortal a la credibilidad de un sector en pleno desarrollo, para el mayor beneficio a la vez de los productores, los consumidores y el medio ambiente. Por lo tanto, es normal que a medida que se desarrolla el mercado, se refuerzan los controles y las exigencias se eleven.
En efecto, aunque el productor haya cumplido a raja tabla todas y cada una de sus obligaciones, una contaminación accidental siempre es posible tanto con residuos de plaguicidas como con organismos genéticamente modificados (aunque para ser preciso ne deberíamos hablar en este caso de “contaminación” sino de “presencia ocasional”). Aunque no sea culpa del productor, el comprador tiene derecho a exigir que los productos ecológicos que ha adquirido tienen contenidos en OGMs o residuos de plaguicidas nulos o muy reducidos.
Esto provoca lógicas y comprensibles reacciones adversas ¿Cómo se puede penalizar un productor ecológico por una(s) falta(s) que no ha cometido? ¿Pero al mismo tiempo, debe el consumidor aceptar sin formular preguntas los productos que se le ofrecen, aunque no correspondan realmente a lo que piensa adquirir?
Como acontece con la reglamentación higiénico-sanitaria, este mayor rigor puede plantear problemas a pequeñas y medianas explotaciones así como a los productores tradicionales. Por el contrario, ofrece una ventaja comparativa a las grandes estructuras y los productores más tecnológicos. Ahora bien, son precisamente las primeras las que estuvieron en el origen del desarrollo de la agricultura ecológica europea.
Esta tendencia parece irreversible. En mi opinión, el futuro consistirá en una agricultura ecológica correspondiente esencialmente a esas explotaciones agrícolas tecnológicas y de grandes dimensiones. En este sentido España marca el camino del futuro. Además, y al lado, se desarrollará, una agricultura local, de circuitos cortos, ventas directas, basada esencialmente en un contrato de confianza entre el productor (a menudo de proximidad) y el comprador. Este contrato garantiza, y asegura el vínculo entre el productor y el consumidor, sin las obligaciones formales y los controles, inherentes a la utilización del logotipo «Agricultura ecológica» como ya hemos visto que reclama el Tribunal de Cuentas Europeo.
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