Los agricultores valencianos reclaman que las administraciones socorran al sector para que recupere su productividad y que no sólo se preocupen de las infraestructuras. Así, la Unió de Llauradors hizo ayer balance de los daños sufridos en el campo valenciano a lo largo del pasado año y advirtieron que tanto el Gobierno de España como la Generalitat reaccionaron rápidamente anunciando una línea de ayudas dirigidas a la reparación de las infraestructuras fuertemente afectadas por los temporales, pero no se estableció ninguna medida para compensar directamente a los agricultores y ganaderos afectados.
Por ese motivo, la organización reclama apoyo de las administraciones para que las explotaciones puedan recuperar su capacidad productiva, gravemente afectada por los daños sufridos y que hace prever una elevada pérdida de renta al agricultor. Independientemente de la situación comercial de cada uno de los cultivos, se estima que el temporal de lluvias fuertes y continuadas con inundaciones en algunas zonas del pasado mes de diciembre, acompañado de viento e incluso pedrisco dejó unas pérdidas directas de unos 320 millones de euros.
A esta cifra habría que sumar otros 250 millones de euros estimados ya en su día por La Unió por los efectos de la grave sequía y otras adversidades climatológicas, como el pedrisco de finales de septiembre que causó pérdidas de unos 12 millones. Según la organización, se trataría en conjunto de unas pérdidas climatológicas, agravadas al pasar de una sequía extrema a episodios de temporal, de cerca de 700 millones
Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) estima que los cítricos y las infraestructuras agrarias fueron los capítulos que sufrieron con mayor virulencia los efectos del temporal, aunque tampoco escaparon a la devastadora incidencia de las lluvias ni los caquis, ni las hortalizas, ni el olivar ni las instalaciones ganaderas. En el caso de los cítricos, el 40% de la producción de mandarinas de media estación que aún no estaba recogida se perdió casi en su totalidad.
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Para afrontar la situación y cambiar las prioridades, La Unió reclama a las distintas administraciones un paquete de medidas que podrían servir a los afectados a superar los daños padecidos. Entre otras propuestas reclaman la concesión de ayudas estatales de 15.000 euros por empresa agraria, repartidas en tres años. Para ello se apoyan en el reglamento de la Unión Europea número 1408/2013 de la Comisión de 18 diciembre 2013.
Igualmente, piden una reducción del módulo en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) para producciones y zonas afectadas. También en materia fiscal apuntan la condonación del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las parcelas cultivadas. Al tratarse de un tributo local, se solicita que la pérdida de ingresos de los ayuntamientos y diputaciones provinciales sea compensada con cargo a los próximos Presupuestos Generales del Estado y demandan una bonificación del 50% de las cuotas de la Seguridad Social durante un periodo de ocho meses.
Por otra parte, la organización también plantea una tasación por parte del seguro para una indemnización del daño real en la parcela en función de las exigencias comerciales, independientemente de la franquicia establecida. De este modo, se busca que se indemnice el 100% del daño real y no una cantidad inferior. Entre las medidas también figura el establecimiento de préstamos con interés subvencionado para los afectados y la subvención de los productos fungicidas usados para evitar daños adicionales en producción y plantación.
Ya en un perfil más institucional, la nómina de demandas incluye una declaración de Les Corts Valencianes que tenga como objeto el apoyo al sector agrario y la reivindicación de más inversión en infraestructuras rurales. Para conseguir una mayor repercusión, La Unió también reclama que se adhieran a la declaración las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
Fuente: www:lasprovincias.es
