La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) participa este mediodía, a través de la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC), en la primera reunión del nuevo mandato del Foro de Alto Nivel para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. El miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Rafael Hernández, reclamará a la Comisión Europea la necesidad de poner en marcha de manera urgente nuevas normas a nivel de la UE para afrontar las prácticas comerciales desleales que afectan a la cadena y en especial a los agricultores y ganaderos, así como el establecimiento de sistemas de cumplimiento eficaces en los Estados miembros. “Es absolutamente indispensable poner en marcha mecanismos públicos de regulación al nivel europeo para evitar las prácticas abusivas y desleales entre agentes de la cadena alimentaria”, ha subrayado el representante de COAG en el Foro de Alto Nivel.
En este sentido, ya se han pronunciado gran parte de los organismos de la UE, desde el Parlamento Europeo, al Consejo, pasando por la Task Force de los Mercados Agrarios que emitió su informe de resultados el pasado mes de noviembre. La Comisión Europea debe atender a las múltiples peticiones de acción y actuar de manera urgente. Debe haber una regulación obligatoria y un enfoque jurídico único para toda la Unión Europea, que prohíba determinadas prácticas abusivas (venta a pérdidas, subastas a ciegas, imposición de pagos atípicos…), que sirva de elemento común para todas las operaciones comerciales, y que garantice la igualdad de condiciones en la Unión Europea, aunque pueda dejar cierto margen a los Estados miembro para adaptarse a sus particularidades.
“Apoyarse únicamente en un sistema voluntario para afrontar las prácticas comerciales desleales es insuficiente e ineficaz: no facilita a los agricultores poder presentar sus quejas de manera anónima y reducir el miedo que les genera la posibilidad de recibir represalias de sus clientes”, ha subrayado Hernández. COAG considera que la falta de aplicación de la normativa mediante una tercera autoridad independiente que pueda imponer sanciones en caso de que se incumplan los códigos de buenas prácticas es el principal punto débil de cualquier sistema voluntario.
