Durante la reunión, Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, advirtió de las dificultades de las cooperativas para servir los productos, como consecuencia del fuerte encarecimiento del transporte nacional y para exportación, una situación que ya está provocando pedidos bloqueados. Asimismo, subrayó la pérdida de competitividad del sector, ya que el aumento de los costes de los insumos no puede trasladarse al cliente en la mayoría de los casos, al tratarse de precios previamente cerrados.
Ante este escenario, Villafranca planteó un conjunto de medidas urgentes para mitigar el impacto de la crisis. Entre ellas, reclamó el control de la especulación en los carburantes y una investigación por parte de la CNMC ante posibles prácticas anticompetitivas. Asimismo, insistió en que una eventual ayuda al gasóleo B no debe obligar a las empresas a adelantar los fondos, como ocurrió con la bonificación de 2022, que supuso una importante carga financiera, complejidad administrativa y retrasos en los reembolsos, obligando incluso a muchas cooperativas a recurrir a la vía judicial. También solicitó estudiar medidas fiscales que permitan contener el precio de los hidrocarburos.
Respecto a los fertilizantes, Cooperativas Agro-alimentarias de España solicitó medidas para garantizar su suministro, incluyendo la eliminación de la tasa a la descarbonización y aranceles a nivel europeo y ayudas directas a los productores consumidores de fertilizantes que podrían identificarse a través del cuaderno de campo. Además, defendió el impulso de fertilizantes orgánicos de origen animal, especialmente los procedentes de plantas de biogás, actualmente limitados por la normativa y, por tanto, de imposible comercialización. Villafranca solicitó el diseño de un sistema de gestión de riesgos que permita contar con una planificación estratégica de reservas que comprometa lo menos posible la asequibilidad y disponibilidad de los fertilizantes.
También destacó la necesidad de facilitar el acceso a los agricultores a los asesores de fertilizantes, especialmente en las cooperativas, cuya obligatoriedad entrará en vigor en 2027.
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También pidió créditos y avales adaptados a las cooperativas, así como reducciones fiscales temporales. Villafranca recordó que la deuda de la cooperativa termina siendo la de sus socios productores, provocando una debilidad en la viabilidad de su empresa y principal instrumento de compra de medios de producción, transformación, comercialización y prestación de servicios profesionalizados.
En este sentido, subrayó que el objetivo es garantizar la continuidad de la estructura comercial y de servicios que prestan las cooperativas a sus socios, como elemento clave para mantener la actividad productiva y la estabilidad del sector.
Finalmente, Cooperativas Agro-alimentarias de España subrayó la necesidad de anticipar medidas ante un conflicto que podría prolongarse, y reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno para garantizar la estabilidad del sector agroalimentario y el abastecimiento alimentario.
