El observatorio, presidido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), estará formado por otros organismos de la Administración central y constará de 32 miembros y cuatro «vocales invitados», entre los que figuran autonomías, entidades del sector primario (agrícola y pesquero), sindicatos, consumidores, industria y de la distribución.
El acto supone el pistoletazo de salida institucional para este foro, que tendrá un papel protagonista a la hora de supervisar que se cumple la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria -cuyo fin ese reequilibrar el poder de negociación entre todos los subsectores-.
Aunque existen antecedentes de observatorio de precios de los alimentos, el foro tendrá más capacidad de actuación y supone «un paso adelante», según han declarado a Efeagro fuentes de las cooperativas y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.
El subdirector de Cooperativas Agroalimentarias, Agustín Herrero, ha manifestado que este observatorio «hereda» los avances del anterior y asume funciones como las de «debatir y trabajar» sobre relaciones comerciales e informar acerca del futuro código de buenas prácticas para empresas agroalimentarias.
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Herrero ha valorado que entre sus tareas figure un informe anual, porque a su juicio podría propiciar modificaciones legales.
Desde el departamento de servicios técnicos de Asaja, José Ramón Díaz ha asegurado que el observatorio es «un paso más» para el desarrollo y cumplimiento de la ley.
Díaz ha expresado su confianza en que contribuya a mejorar las relaciones entre los sectores de la cadena alimentaria.
Por parte de COAG, el representante de su comisión ejecutiva Andoni García ha resaltado la importancia del observatorio para garantizar «precios justos», tanto para el agricultor como para el consumidor, así como para una mayor «transparencia» en las operaciones y contratos.
García ha valorado que -aunque la ley no sea «la que nos gustaría»- se haya establecido este foro de supervisión para afrontar problemas de «desregulación» de mercados, como el fin de las cuotas lecheras.
Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha reclamado que el observatorio funcione «al máximo nivel» para eliminar los «abusos» y poner fin a «crisis de precios» que en estos momentos sufren especialmente productores de frutas y hortalizas.
Ramos ha pedido que el observatorio propicie «propuestas» a la Agencia de Inspección y Control Alimentarios para agilizar la persecución de prácticas ilícitas como la venta a pérdidas, que se actualicen los estudios de la cadena de valor -que examinan costes de producción-, la creación de un mediador y que el código de buenas prácticas sea de obligado cumplimiento (ahora se baraja voluntario).
El observatorio trabajará a tres niveles, según el número de componentes -pleno, comisión ejecutiva y grupos de trabajo específicos-.
Según las organizaciones agrarias y cooperativas, Agricultura ha remitido un borrador sobre la composición de dicha comisión ejecutiva, en la que habría diez representantes de organizaciones sectoriales -producción, industria y distribución-.
En el caso de las tres organizaciones agrarias, esto les obligaría a rotar, por tener solo dos puestos.
En cuanto a las cooperativas, desconocen «la solución», porque a veces han asistido a reuniones como productores y a veces como transformadores.
