La Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que investigue la posible importación y comercialización en España de productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente y etiquetados como si fueran originarios de Israel.
La denuncia se apoya en los indicios recogidos por el informe Importando la Ocupación, elaborado por el centro de litigación Global Echo tras cuatro años de investigación, así como en una reciente investigación periodística de Público, que apuntan a la posible entrada en el mercado europeo y español de frutas y hortalizas procedentes de asentamientos ilegales israelíes en territorios ocupados palestinos sin que su verdadero origen quede reflejado en el etiquetado. Esto habría permitido su posible venta en los principales supermercados españoles.
Según esta información, durante los últimos años España ha sido uno de los principales mercados europeos para determinados alimentos procedentes de Israel. Solo en 2025 importó 43.825 toneladas de patatas, por valor de 26,59 millones de euros, y cerca de 2.900 toneladas de dátiles, por unos 17 millones de euros. Las frutas, hortalizas y semillas supusieron, además, el 81% del total de las importaciones españolas desde Israel. Para CECU y COAG, el volumen de este comercio hace aún más necesario garantizar la trazabilidad de los alimentos y que su etiquetado refleje de forma veraz su origen.
De confirmarse estos hechos, las personas consumidoras estarían recibiendo una información incorrecta sobre el origen de los productos, lo que podría constituir una vulneración de la normativa de consumo y de etiquetado. Además, ambas organizaciones advierten de que estas prácticas supondrían una competencia desleal para los agricultores y las agricultoras que cumplen con la legislación europea y española en materia de producción, trazabilidad e información al consumidor.
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La denuncia también solicita que se investigue si estas importaciones pudieran incumplir el Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la importación en España de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel en Palestina, así como la posible utilización de certificaciones fitosanitarias y ecológicas que, según los indicios aportados, podrían no ajustarse a la normativa europea.
CECU y COAG reclaman a la Dirección General de Consumo que ejerza sus competencias de inspección para verificar el origen real de estos productos, identificar a los operadores que pudieran estar implicados y, en caso de confirmarse las irregularidades, incoar los correspondientes procedimientos sancionadores.
David Sánchez Carpio, director de CECU: “Defender los derechos de las personas consumidoras también significa garantizar que la información sobre el origen de los productos sea veraz. La transparencia es imprescindible para que cada persona pueda ejercer un consumo informado y acorde con sus valores, especialmente cuando hablamos de productos procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente. Por eso reclamamos una investigación exhaustiva y el cumplimiento estricto de la legislación vigente”.
Por su parte, el secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha afirmado que “no podemos permitir que se introduzcan en el mercado español productos procedentes de territorios ocupados en un contexto de genocidio que, además, puedan estar siendo comercializados bajo un origen distinto al real. Esto no solo vulneraría el derecho de los consumidores a recibir una información veraz, sino que supone una grave distorsión de la competencia para los agricultores y ganaderos que producen bajo las exigentes normas europeas. Desde COAG exigimos que se investigue hasta el final el origen de estos productos y que, si se confirman las ilegalidades, se depuren responsabilidades y se garantice el cumplimiento efectivo de la legislación española y europea”.
