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18 May 2026 | Actualizado 10:16

Revista del Sector Hortofrutícola

Un paso necesario hacia una economía más circular y sostenible  

María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) analiza el Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases desde la conciencia ambiental, la competitividad y la colaboración. 

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La aprobación del Reglamento europeo 40/2025 sobre Envases y Residuos de Envases marca un antes y un después en la política medioambiental respecto a la gestión de envases de la Unión Europea. Esta nueva normativa llega en un momento clave para actualizar un marco legal de 1994 superado por la nueva conciencia ambiental. La transición de una Directiva a un Reglamento, que es de aplicación directa en todos los Estados miembro, supone además una oportunidad para armonizar los esfuerzos hacia objetivos comunes en materia de sostenibilidad. 

No obstante, no podemos obviar que los desafíos que plantea son significativos. La diversidad de situaciones entre países es amplia, y acompasar el ritmo de adaptación y las necesidades concretas de cada territorio será uno de los grandes retos. Algunos objetivos, como la introducción de medidas de prevención o el refuerzo de la responsabilidad ampliada del productor, son ambiciosos e innovadores, pero necesitarán desarrollos legislativos adicionales en los próximos años. La responsabilidad sobre el envase no recae únicamente en el productor, o en la distribución, o en el consumidor, sino que es fundamental que el conjunto de la cadena de valor esté implicado en esta transformación. Está responsabilidad compartida tendrá que matizarse en las normativas de desarrollo o creará más confusión que solución, cómo ya estamos viendo en otros procedimientos -por ejemplo, en el Reglamento de deforestación importada-. En ese sentido, sería bueno aprender de los errores.  

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En cuanto a las medidas que más impactarán en el sector de la distribución de alimentación, preocupa especialmente la falta de claridad en algunas definiciones y obligaciones, como las relativas a la reutilización de envases. Además, muchas herramientas que podrían ayudar a cumplir con los objetivos aún no están lo suficientemente maduras desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, la futura eliminación de embalajes plásticos esenciales en logística no puede analizarse sólo desde la óptica de los envases, sino también desde la seguridad alimentaria, procesos logísticos o la conservación de los productos. 

La armonización legislativa sólo será posible si se acompaña de un desarrollo técnico sólido y coordinado. Los llamados “reglamentos de ejecución” deberán consolidarse en aspectos como las prohibiciones de ciertos materiales, el etiquetado o las condiciones para el cumplimiento de la reutilización, que es muy diferente en los diferentes países. Esta fase será crítica para evitar interpretaciones dispares que obstaculicen la aplicación efectiva del Reglamento y es importante que puedan contemplarse soluciones que consigan objetivos iguales, aunque con herramientas adaptadas a la realidad de cada territorio. 

Tampoco podemos pasar por alto los efectos económicos. Cuando se exigen nuevas infraestructuras -como en el caso de los sistemas de depósito-, los costes de adquisición, instalación, formación y mantenimiento son inevitables; y podrían añadir presión a la cadena de suministro en un momento, además, muy delicado desde otros puntos de vista, como el geopolítico.  

Por último, no podemos ignorar el creciente riesgo de pérdida de competitividad que afrontan las empresas ante la avalancha normativa, especialmente en materia medioambiental, que genera un estrés administrativo considerable que puede lastrar la capacidad de adaptación del tejido empresarial. Por eso, el compromiso de la CE adquirido en el marco de la “brújula de la competitividad” de revisar el marco legislativo desde una perspectiva de crecimiento económico debe ser una oportunidad para repensar la regulación desde la eficiencia, la claridad y la viabilidad empresarial. 

En definitiva, el nuevo Reglamento es un paso necesario hacia una economía más circular y sostenible. Pero no será posible avanzar sin una hoja de ruta clara, consensuada y realista que tenga en cuenta tanto los objetivos medioambientales como las capacidades reales de las empresas y de los Estados miembro para alcanzarlos. 

Acompasar el ritmo de adaptación y las necesidades concretas de cada territorio será uno de los grandes retos

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