La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, advirtió ayer sobre la importancia de que la nueva Ley de Cadena Alimentaria, que entró en vigor en el mes de diciembre de 2021, responda a las necesidades del sector, “ya que si no es posibilista, habrá que reformarla”. Crespo, que ha participado junto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, en la clausura de la jornada ‘Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria’ organizada en Almería por la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur) y Cajamar, ha señalado que se trata de una ley “necesaria”, pero ha remarcado que su aplicación efectiva depende de su desarrollo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En este sentido, la consejera ha explicado que la norma resulta claramente “perniciosa” porque “regula de más”, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno de España no tuviese en cuenta las alegaciones presentadas desde Andalucía pese a que fueron adoptadas “por unanimidad y de la mano de las organizaciones agrarias y cooperativas”.
Durante su intervención, la titular de Agricultura del Gobierno Andaluz se ha referido a la escalada de los costes de producción y su impacto en el sector agroalimentario. A este respecto, se ha preguntado si “¿estamos haciendo todo lo necesario?”, para luego responder que urge “quitar trabas, bajar el IVA de los insumos y aplicar la doble tarifa eléctrica para el regadío”. De esta forma, ha subrayado, “se ayudaría a los agricultores a hacer frente al gran incremento que han experimentado los costes de producción y la energía”.
Asimismo, Crespo ha resaltado que la Comisión Europea haya dado vía libre a las ayudas excepcionales “tipo Covid” para agricultores y pymes agraolimentarias. Se trata de unas ayudas, reiteradas veces propuestas por Andalucía y Murcia, que tienen como objetivo apoyar a sectores del agro ante el alza de los costes y los efectos de la invasión rusa de Ucrania. “Es el momento de ayudar y de eliminar cargas”, ha enfatizado.
Por último, la consejera ha incidido en la necesidad de que la UE proteja a los productores europeos y se ponga en marcha medidas que eviten la competencia desleal. Así, ha defendido la aplicación de la preferencia comunitaria y de las cláusulas espejo, a fin de que se exija en los acuerdos comerciales con países no comunitarios que estos productos importados “cumplan las mismas exigencias” a los que están obligados los que se producen en Europa.
