Los derechos de pago básico son generados por los propietarios de las parcelas. En las zonas de cultivo del ajo, el cultivador arrendatario de tierras generalmente no se beneficia de estos derechos, salvo que improbablemente le hayan sido arrendados también con la explotación. Esta práctica es la costumbre arraigada entre los propietarios, que se oponen a su variación, lo que puede provocar varias consecuencias.
Las consecuencias de estas prácticas son la falta de derechos del arrendatario cultivador de ajos porque no hay cesión de los mismos, con lo que éste no puede declarar las parcelas en la PAC. En otros casos, si el arrendatario, con el objetivo de alcanzar la condición de explotación prioritaria – importante para las ayudas del segundo pilar de la PAC-, declara las tierras que explota, generará una duplicidad con el arrendador, y a largo plazo, la posibilidad de crear un conflicto con el mismo.
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Esta compleja situación, en gran parte ajena a los cultivadores de ajo, ya fue comunicada por estas asociaciones al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a principios de este año, con petición de una solución concreta que según el sector del ajo «no ha llegado».
