Una Resolución del Mapama publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado fija en el 0,52 % el porcentaje de superficie nacional de viñedo a 31 de julio de 2016 que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones en 2017, unas 4.989 hectáreas.
El director gerente de la Interprofesional del Vino de España, Jaime Palafox, recordó a Efeagro que la Resolución recoge las recomendaciones del sector vitivinícola. Subrayó que “va en la línea de lo acordado por la Junta Directiva de la Interprofesional”, remitida por ésta al Mapama. La Interprofesional adhiere a la Federación Española del Vino (FEV), la Asociación Empresarial de Vinos de España, Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.
Eso sí, el director gerente de la Interprofesional definde que “en el momento que proceda, habría que plantearse la revisión de los criterios de prioridad en la concesión, para que el sistema cuente con la máxima eficacia y equidad”, en sentido similar a lo que han planteado también las organizaciones profesionales agrarias.
Extremadura
Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, pide “tranquilidad” al sector vitivinícola sobre la plantación de más superficie para producir caldos como el cava ya que la subida del 0,52% es positiva y ahora hay que “trabajar, plantar y comercializar”.
Sin embargo, la Unión de Extremadura anuncia que presentará un recurso de alzada, previo a la interposición de contencioso administrativo, contra la resolución que fija el reparto de nuevas plantaciones de viñedos, por entender que se le van a “sisar” más de 500 hectáreas a la Comunidad “para otorgárseles a otras regiones”.
Por su parte, en el ámbito de las denominaciones de origen -a las que el nuevo sistema de autorizaciones permite establecer limitaciones propias en su territorio-, la Resolución del Mapama publicada en el BOE este lunes acepta las recomendaciones de varios de estos consejos reguladores.
Así, la superficie disponible para autorizaciones de nueva plantación para 2017 será como máximo de 3,96 hectáreas en la DOP “Bizkaiko Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia”; de 4 para la DOP “Getariako Txacolina/Txacolí de Getaria/Chacolí de Getaria”; de 500 para la DOP “Ribera del Duero“; de 68 para la DO “Rueda” y 645 hectáreas en la DOP “Rioja“.
El Ministerio también ha estimado las recomendaciones de los consejos de “Bizkaiko Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia”, “Getariako Txacolina/Txacolí de Getaria/Chacolí de Getaria”, “Rioja” e Interprofesional de Rioja, y no se concederán solicitudes de autorizaciones de replantaciones que destinen su producción a la elaboración de vinos con esas DOPs.
Tampoco se concederán -a petición, asimismo, de estas últimas-, solicitudes de autorizaciones de conversiones de derechos que destinen su producción a la elaboración de vinos de esas DOPs, al suponer un “riesgo de devaluación significativa”.
El Mapama ha desestimado también otras recomendaciones “por no cumplir la totalidad de los requisitos exigidos”, en referencia a las peticiones de los consejos reguladores de Cava -que había pedido limitar las nuevas autorizaciones de plantaciones a 168 hectáreas-, Cariñena (que solicitaba limitarlas a 100 hectáreas) y Navarra (que reclamaba reducir las nuevas plantaciones a 54 hectáreas).
En este escenario, el presidente de la DO Navarra, David Palacios, manifiesta que “deberían dejar mayor capacidad de decisión a las propias denominaciones en los temas que les afectan de forma directa y exclusiva ya que, además, éstas velan por el conjunto del sector”.
“Somos conocedores de la situación de nuestro mercado y creemos que la forma de regular la oferta y la demanda es mantener un equilibrio entre superficie de viñedo y producción”, según Palacios.
En la actualidad, la DO Navarra “cuenta con esa consonancia entre la elaboración y las ventas” y, por este motivo, “desde nuestro Consejo Regulador nos pronunciamos con una regulación de la plantación de nuevos viñedos, para no desequilibrar la balanza”. “Nuestra intención no es recurrir la decisión de Ministerio porque nuestra situación actual ya fue trasladada”, concluye el presidente.
El modelo de reparto
Las organizaciones agrarias piden que la distribución de 2017 elimine algunos puntos débiles del sistema, dada la experiencia de la distribución realizada el año pasado.
El responsable de vino de COAG, Joaquín Vizcaíno, reclama, en este contexto, un reparto más equitativo de las autorizaciones de plantaciones de nuevos viñedos en 2017 y a las Administraciones central y autonómicas que mejoren el sistema para evitar que “meros testaferros” sean los beneficiarios reales. Según Vizcaíno, la Administración “reconoce errores” en la normativa de aplicación del año pasado, como muestran los resultados del reparto de nuevas autorizaciones de viñedos en La Rioja, por ejemplo, porque “todas las hectáreas han ido a la categoría del llamado joven viticultor”, es decir, menores de 40 años que no tenían ninguna hectárea de viñedo a su nombre.
“Eso no casa con que haya normalmente en La Rioja 60-70 incorporaciones de jóvenes agricultores que reciben ayudas para acceder a la actividad como tales, pero que hubiera, sin embargo, 1.000 solicitantes de ese llamado joven viticultor” para conseguir autorizaciones de plantaciones de nuevos viñedos en 2016, añade. A su juicio, “esto quiere decir que muchos de los solicitantes no se dedicarán nunca a la viticultura y eran meros testaferros”, que posiblemente transmitirán -con un contrato de arrendamiento- las autorizaciones al propietario real de la tierra pasados unos años.
UPA
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) también critica los criterios de asignación que se han realizado en 2016 porque, a su juicio, se ha confirmado en regiones como La Rioja que hubo muchos aspirantes “que es dudoso que sean viticultores”.
Delgado ha pedido que el nuevo sistema -que sustituye al antiguo régimen de derechos de plantación en la Unión Europea (UE)- sea más exigente e incluya criterios de profesionalización -dedicación, formación de los aspirantes, adscripción a la Seguridad Social…- y, en general, que se planteen requisitos similares a los exigidos a los nuevos agricultores que quieren incorporarse a la actividad.
UPA reclama también que se modifique cuando sea posible el Decreto sobre potencial vitícola, para incluir en los criterios de asignación a los nuevos solicitantes el apoyo a pequeñas explotaciones de forma que se gane dimensión y sea un sistema “más justo y social”.
Todos coinciden, que en manos de Administraciones y sector, está construir un modelo equitativo que contente a todos y entierre los receleos suscitados hasta la fecha.
Fuente: www.efeagro.com
