Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz socialista de Agricultura en el Congreso, Manuel González Ramos, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Al final de la sesión ha sido aprobado, con competencia legislativa plena y a la vista del informe elaborado por la ponencia, el proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación por 20 votos a favor, 14 votos en contra y 2 abstenciones.
Ninguna enmienda de las presentadas por los distintos grupos parlamentarios para su votación ha sido incluida en el texto final, que procede del decreto que impulsó el Gobierno en febrero pasado para dar respuesta a las reivindicaciones de los agricultores que se manifestaban en las calles.
González Ramos ha justificado el proyecto de ley aprobado por la “urgente necesidad” que había en ese momento de modificar la ley de la cadena alimentaria con el fin de atender ciertos desequilibrios en la formación de los precios.
La principal novedad de esa reforma consistió en la prohibición de la venta a pérdidas, por debajo de los costes de producción, aunque faltaba por amoldar la ley a la normativa europea.
El portavoz socialista ha asegurado que el proyecto de ley que incluye la transposición de la directiva sobre prácticas comerciales desleales irá finalmente el próximo martes al Consejo de Ministros para su adopción, tal y como “prometió” el Ejecutivo.
En su posterior tramitación legislativa, ha asegurado que “habrá momento de debatir algunas de las enmiendas” de modificación de la ley de la cadena alimentaria que no han sido recogidas en este primer paquete de medidas urgentes.
Previamente, el diputado popular Joaquín García Díez ha criticado el decreto original del Gobierno por “precipitado y unilateral”, el rechazo de los grupos socialista y de Unidas Podemos a las enmiendas presentadas y el retraso en la tramitación de la transposición de la directiva europea.
El representante de Vox Ricardo Chamorro ha insistido en que la nueva ley es “ineficiente” e “inútil”, y que la “inseguridad jurídica está hundiendo a las explotaciones agrarias”, que no pueden competir con los costes más bajos de producción de terceros países con los que la Unión Europea ha firmado acuerdos comerciales.
Por parte de Unidas Podemos, la legisladora Isabel Franco ha defendido la acción del Gobierno para que los contratos reflejen los costes y los precios pactados, así como su esfuerzo por transponer la directiva sobre prácticas comerciales desleales.
Francesc Xavier Eritja (ERC) ha subrayado la necesidad de que la reforma de la ley aporte más transparencia a la formación de los precios en la cadena y que se reduzca el gasto energético mediante el acceso a su suministro en distintos tramos.
Dicha reivindicación ha sido compartida por María del Carmen Martínez (Ciudadanos), que ha lamentado que el proyecto de medidas urgentes “solo ha servido para complicar más algunos aspectos”.
Concep Cañadell, de Junts per Catalunya, se ha referido a otros cambios que hacen falta, como los relativos a la representación de las organizaciones agrarias, un llamamiento al que se ha sumado Joan Baldoví, de Compromís, para que “la democracia llegue al campo”.
El diputado del grupo vasco Joseba Agirretxea ha destacado la intención de todas las formaciones de “plantear cuestiones pendientes” más allá de las medidas urgentes que pretendían solucionar una “necesidad concreta del sector agrario”, a la espera de que se presente la “verdadera ley de la cadena alimentaria que traspone la directiva”.
EFE Agro
