La intención del parlamento de Andalucía de legalizar 1.600 hectáreas de cultivos en el entorno de Doñana enfrenta a más de mil científicos de 25 sociedades que forman parte del Grupo por la Conservación del Patrimonio Natural (Socinat). Los miembros de estas entidades se agrupan en un manifiesto «sin precedentes», indican los firmantes, para reclamar la protección de este parque nacional, acosado por la sequía (el último año llovió un 70% menos), y ahora por la legalización de regadíos de tierras que «no cuentan con concesión de aguas».
Basados en razones científicas, como los parámetros hidrológicos y biológicos, demuestran el deterioro de la zona y piden paralizar «cualquier incremento de la superficie de regadío», debido a la situación de «alerta» y «alarma» en que se encuentra gran parte de la zona protegida, ocasionado por la «explotación intensiva» de las aguas subterráneas que ha secado lagunas y manantiales. Aún así, el parlamento andaluz, controlado por PP y Vox, pretende aumentar los permisos de uso de aguas para uso agrícola, en contra del criterio científico.
La desaparición de plantas y la amenaza a especies de aves, insectos, peces, reptiles y anfibios pone en peligro la «gran diversidad» de Doñana, indican ecólogos, limnólogos, entomólogos, botánicos, micólogos, ornitólogos o ictiólogos, entre otros. El régimen hidrológico de los ríos Guadiamar y Guadalquivir y la entrada de fertilizantes y productos químicos merma la resiliencia, que «ya ha sido gravemente afectada», sostiene la Real Sociedad Española de Historia Natural o la Sociedad Geológica de España, entre otras.
Los 1.100 científicos firmantes exigen «la estricta aplicación de la legislación para frenar el deterioro al que se encuentra sometido el Parque Nacional de Doñana». Las leyes «europea, estatal y autonómica», continúan, disponen de herramientas suficientes para limitar el apropiamiento indebido de recursos naturales». Señalan esta acometida del parlamento andaluz «ilícita».
Fuente EFE
