Estos temporeros empezarán a llegar a Huelva a finales de febrero o principios de marzo, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, al finalizar la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio para la Ordenación, Coordinación e Integración Sociolaboral de los Flujos Migratorios en Campaña Agrícola de Temporada.
Este grupo de trabajadores son los que han reclamado las empresas para garantizarse la recolección de la fruta. El subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, ha subrayado que los empresarios agrícolas siguen comprometidos con el empleo de la provincia y con priorizar las contrataciones de los temporeros locales, tanto nacionales como extranjeros ya afincados en los pueblos de la provincia.
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Aunque los temporeros no llegan hasta el año que viene, la tramitación se inicia ahora para que a mediados del mes de noviembre “esté todo listo y la campaña agrícola se desarrolle con normalidad”, ha señalado el subdelegado.
Este cupo de temporeros agrícolas extrajeros se prevé para garantizar la recolección de fresa, cultivo que llega a emplear a unos 70.000 temporeros agrícolas durante toda la campaña. Enrique Pérez ha señalado que los contratos en origen son trabajadores fidelizados en las empresas después de haber trabajo “durante muchas campañas agrícolas en Huelva y que adquieren el firme compromiso de regresar posteriormente a Marruecos”.
El subdelegado de Huelva ha aprovechado la comparecencia ante los medios para enfatizar el peso de la agricultura en el mercado laboral onubense. Los números así lo ponen de manifiesto, pues en enero del año pasado el 57% de los contratos que se hicieron en la provincia correspondieron al sector agrícola; en febrero fueron el 69%, en marzo, el 70%; en abril, el 65%; en mayo, el 46% y en junio, el 44%.
Asentamientos
En relación a los asentamientos de inmigrantes en los pueblos agrícolas, Pérez Viguera ha reconocido “el esfuerzo que han hecho municipios como Lucena y Moguer para desmantelar aquellos que ya no estaban ocupados”. Sin embargo sobre este problema social ha insistido en que el levantamiento de los mismos pasa por tres requisitos “necesarios”: que son personas que están en esa situación de forma no voluntaria; que se encuentran en fincas públicas o privadas donde para actuar se requiere de una orden judicial; y que el Gobierno trabaja para regularizar su situación laboral y buscar soluciones a esa situación de infravivienda, además de la colaboración con las ONGs que se ocupan de mejorar sus condiciones sanitarias y tratan de mejorar sus condiciones de vida.
Fuente: Agrodiariohuelva
