La secretaria general de COAG en Asturias, Mercedes Cruzado, ha reivindicado hoy un precio «justo» que permita vivir de su trabajo a los productores que con su esfuerzo ofrecen alimentos de calidad desde el medio rural, que en 2012 ha aumentado más del 300 % las nuevas incorporaciones, con 450 solicitudes.
Así lo ha manifestado Cruzado durante la presentación del «Anuario Agrario 2014» elaborado por la organización de agricultores y ganaderos, realizado en Oviedo por el secretario general de COAG nacional, Miguel Blanco, y el responsable de Agricultura y Medio Ambiente de la formación, Andoni García.
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Cruzado ha cifrado en 108 la media anual de incorporación de jóvenes en el periodo 2007-2011, que se elevó a 450 solicitudes en 2012, lo que convierte al Principado en una de las comunidades autónomas con «mayor interés» en la integración al medio rural.
Blanco ha asegurado que «sin relevo generacional no hay futuro» en el estratégico sector agrario, marcado por el «fracaso» de la PAC en España, donde solo el 5 % de los trabajadores activos son menores de 35 años y el 56 % superan los 55.
Blanco se ha referido al sector agrario como «la base de la alimentación», y ha alertado de que la inviabilidad del mismo dejaría al país en situación de «dependencia del exterior» y con riesgo sobre la seguridad de productos.
Así, ha mencionado que el acuerdo de libre comercio que se está negociando con Estados Unidos de «manera opaca y sin información al sector» puede afectar de «manera decisiva» al vacuno de carne español.
Blanco ha advertido de que se producirá «competencia desleal» por parte de las producciones norteamericanas si «los estándares de calidad y seguridad alimentaria existentes en España y en Europa en producciones de leche, carnes y del resto de las agrarias se desmantelan por los acuerdos por intereses mercantiles».
Ha incidido en que a los productores españoles se les exige «bienestar animal, trazabilidad, seguridad alimentaria y ahora sostenibilidad» mientras que en Estados Unidos «están autorizados el clembuterol, las hormonas de crecimiento para la producción de carne, los antibióticos y los transgénicos».
La política agraria comunitaria (PAC) ha supuesto un «fracaso» para España, en opinión del secretario general de COAG, que prevé que la aplicación de la reforma recientemente aprobada «continuará por el mismo camino».
En su intervención ha abogado por una PAC de carácter social, que prime al agricultor y ganadero profesional, favorezca la regulación de mercados en los que garantice los precios y ofrezca la estabilidad en los costes de piensos, además de atender las políticas sociales en el medio rural.
Sobre la reforma reciente de las políticas agrarias comunes, ha defendido la posibilidad de mejora con reales decretos que primen la figura del agricultor «activo y profesional», y ha apuntado el «riesgo» de cobro de ayudas por parte de beneficiarios de quienes puedan justificar la tenencia de cientos de hectáreas.
En cuanto a las cuotas lácteas, Blanco ha defendido la incorporación de un sistema de regulación de producción de leche ante la tendencia de algunos países de la Europa central y atlántica que «se están preparando» para aumentar su producción, que podría llevar a la «deslocalización» y la «caída de precios» en España.
Ha situado en el 20 por ciento la caída desde enero del precio de la leche en el país, que se sitúa en 0,34 euros, algo superior en Asturias, y tres céntimos inferior a la media europea, 0,37 euros.
«No es aceptable y resulta escandaloso que se esté vendiendo la leche por un precio por debajo del agua», ha puntualizado Blanco, que ha reclamado que se lleve a cabo una tarea de «inspección y sanción».
Andoni García ha planteado el sector agrario como una «salida laboral» en la situación actual con más del 70 por ciento de paro juvenil, que ha influido en el incremento de nuevas incorporaciones, que en 2012 ascendió el 80 por ciento en España y superó el 300 en Asturias.
También ha denunciado la diferencia existente entre España y los países europeos en la relación de perceptores de ayudas europeas y productores, que en el primer caso supera los 900.000 beneficiaros, de los que solo 300.000 son productores.
