‘La Ley de Restauración de la Naturaleza’. David del Pino
En una entrada anterior (El día después de las Elecciones Europeas) reflexionaba, antes de las elecciones europeas, sobre cómo se ha roto el pacto histórico fundacional de la UE con la agricultura. Aquellos principios de acción fundacionales (alimentos baratos y seguros, preferencia comunitaria y garantía de renta para los agricultores) han quedado en segundo plano.
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Por David del Pino
Recientemente, la representación oficial europea de agricultores y ganaderos se sentía fortalecida tras sus exitosas protestas de los últimos años. Su influencia había conseguido reformar o paralizar envites legislativos que consideraban dañinos para sus intereses.
La respuesta, sólo una semana después de las elecciones, ha sido la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Como anticipaba en el artículo anterior, el ciclo electoral ha pasado y las “aguas vuelven a su cauce”.
A los que estamos en este negocio nos puede gustar más o menos la situación, pero lo que no podemos hacer es cerrar lo ojos a la evidencia. El mundo ha cambiado. Hay un amplio consenso social y político que pone al medioambiente como prioritario.
A pesar de ello, muchas de las críticas desde el sector son razonables y no deberían desaparecer del debate público:
- Tsunami normativo. Infierno burocrático. Hay tantas nuevas regulaciones con tanta complejidad que no da tiempo adaptarse. En esa complejidad están las regulaciones de ida y vuelta (ahora sí, ahora no) y la no homologación de normas en diferentes territorios o países.
- Pérdida de soberanía alimentaria. Debido a la elevación de requisitos se perderán agricultores y zonas de cultivo. Como consecuencia se traerán alimentos de otras zonas del mundo elevando la dependencia exterior.
- Los alimentos no serán más baratos. Si se elevan requisitos, los costes de cultivar aumentarán. Las subvenciones a la producción bajarán y se destinarán a objetivos medioambientales.
- Los alimentos no serán más seguros ni menos contaminantes con el medioambiente (al menos no todos). Más allá de declaraciones bien intencionadas de “fomentar la agricultura respetuosa y sostenible en el mundo” no podemos garantizar ni imponer que las importaciones de terceros países cumplan con estos objetivos.
Y aquí me hallo, soy un profesional del sector y soy medioambientalista (ya no me gusta la palabra ecologista). Y, últimamente, está difícil tratar de dar contexto y exponer los claroscuros de cualquier tema. En el mismo día eres ultraderecha para unos y loco ecologista comunistoide para otros.
Pero aquí seguimos… y ahora toca hablar de la Ley de Restauración de la Naturaleza y dar esos matices. ¿Qué tiene que ver esta ley con el mundo agrícola? ¿Y por qué se oponen los agricultores?
La clave está en la incertidumbre de aplicación de las medidas tendentes a la restauración de ecosistemas agrarios (biodiversidad, producción ecológica, retirada de tierras, protecciones de flora o fauna, etc.). Como la aplicación práctica dependerá del Plan Nacional de cada país el sector no sabe qué esperar. Y tras años de imposiciones unilaterales de las distintas administraciones la desconfianza parece razonable.
Otro punto que ha pasado algo más desapercibido es el de la gestión de aguas superficiales. Esta ley consagra los flujos ecológicos de caudales de ríos y arroyos. En un pais como España, con sequías cíclicas y grave amenaza de cambio climático, se pone contra las cuerdas el modelo de gestión actual del agua basado en pantanos y embalses.
Lo que queda casi meridianamente claro es que el esfuerzo presupuestario de este enorme y ambicioso plan de restauración de zonas terrestres y marítimas que llega al 20% del territorio europeo hasta 2030 (y mucho más después) saldrá de los fondos que hasta ahora estaban dedicados a la agricultura, ganadería y pesca en la PAC (Política Agraria Común). La reducción de subvenciones puede ser radical si no se arbitran nuevas fuentes presupuestarias y tendrá un impacto enorme en la renta de los agricultores.
Y como bonus, la nueva legislación permite denunciar a cualquier pais que no cumpla con los objetivos marcados. Como el ritmo de adopción propuesto es muy ambicioso vamos a ver, casi seguro, una judicialización del debate medioambientalista. Las inconcreciones de medidas y planes añadirán inseguridad jurídica a todas las partes implicadas.
Algunos enlaces que pueden ser de interés:
