El sector platanero necesita conocer el plan para garantizar su competitividad

Algo sobre lo que viene alertando a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y al propio Ministerio de Agricultura desde el pasado mes de mayo y en reiteradas ocasiones previamente a las votaciones del Senado del pasado miércoles.

Desde el principio se ha querido dejar claro que desde el sector se comparten plenamente los objetivos pretendidos por la norma, cuya iniciativa es positiva y necesaria. Especialmente en la necesidad de adoptar medidas que vengan a reforzar la vulnerabilidad de los productores agrícolas en la cadena de suministro alimentario y en el objetivo de lograr una rentabilidad adecuada para el sector productivo.

No obstante, la propuesta de Ley contiene disposiciones de medidas adicionales que, dada la realidad jurídica y fáctica del mercado español y comunitario, generan inseguridad jurídica y perjuicios aún mayores que los actuales para los productores de plátano.

Desde ASPROCAN se ha reiterado la invitación que se había hecho con anterioridad al ministro y al secretario general de Agricultura para trasladarse a Canarias con el fin de conocer las circunstancias, condiciones de funcionamiento y mercado, y necesidades del sector platanero de las islas, del que dependen 15.000 familias.

Los daños que se han argumentado por parte del sector en ningún momento han sido rebatidos con datos y por escrito por parte del ministerio ni de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, pues se trata de una interpretación de la norma clara y cuyo efecto sólo parece poder evitarse en la aplicación arbitraria de la Ley. Por ello, desde el pasado mes de junio el sector pidió al ministerio un documento escrito que le garantizara que las consecuencias expuestas en su estimación de daños no podrían tener lugar. Una petición reiterada en dos ocasiones esta semana y que continúa sin respuesta. El sector platanero aclara que siempre ha sido un sector responsable, que representa a miles de familias y un movimiento económico que no puede estar al criterio discrecional de los responsables públicos de cada momento y que por tanto, necesita una solución que aporte garantía jurídica. De ahí que la única vía abierta fuera la excepcionalidad rechazada la pasada semana.

Según Domingo Martín Ortega, “sería una gran noticia constatar que estamos equivocados y saber los motivos reales prácticos por los que esta es una buena norma para el sector. En ese caso, extrañaría que, habiendo conocido nuestra preocupación desde hace más de seis meses, no nos lo hubiesen dado a conocer ya”.

Desde el sector se insiste en dejar claro que no pretende hacer política y que no se trata de un debate sobre colores o ideologías. Agradece el apoyo recibido por parte de los grupos de la Cámara que mantuvieron su voto y confía en que la Consejería de Agricultura y el Ministerio de Agricultura aporten una solución con garantía jurídica para evitar los futuros daños estimados para el plátano. Cada día se comercializan más de un millón de kilogramos de plátanos y esperar a un incierto proceso de tramitación de una próxima renovación de la ley de cadena, que como muy pronto entrará en vigor a mediados del 2022, no es una opción responsable.