El Partido Popular instará al Gobierno de España a dotar a las explotaciones de patata de suficientes materias activas para combatir las plagas y enfermedades presentes en el cultivo, con el objetivo de asegurar su calidad y su rentabilidad.
España dedicó el año pasado 60.800 hectáreas a este tubérculo y las primeras cifras publicadas apuntan a que este año aumentará la superficie de un cultivo “esencial para miles de explotaciones”, además de constituir “una seña de identidad” para numerosos territorios especialmente identificados con él.
Lo ha señalado Pedro Gallardo, portavoz del PP en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, quien este miércoles se ha reunido con diferentes representantes del sector de la patata para recoger sus impresiones. Después de escuchar sus inquietudes, Gallardo se ha comprometido a impulsar las iniciativas parlamentarias que sean necesarias para defender a un cultivo “sin el que no podría entenderse el campo español”.
En la reunión han participado presidente de la Asociación de Pueblos Productores de Patata, Amador Díaz; el director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla), Carlos Palomar; el presidente de la Asociación Española de Patata de Siembra, Andrés Lecuona, la directora técnica de Garlan, Nerea Múgica; la presidenta de la Asociación Agro La Granja, Sonia Rodríguez, y el director de la Revista Campo, Máximo Gómez, y el director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste.
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Por parte de la federación de productores y exportadores FEPEX participaban su director, Ignacio Antequera; el consejero José María Pozancos; presidente de la sectorial de patata, Alfonso Sáenz de Cámara y Luis Martín, responsable de su departamento técnico.
Una Proposición No de Ley
Pedro Gallardo ha avanzado la presentación de una Proposición No de Ley para dar la vuelta a una situación “profundamente injusta”, en la que los agricultores españoles “padecen la competencia desleal desde países miembros de la UE”.
Este diputado por Cádiz ha peleado desde su escaño por el mantenimiento de productos autorizados y también por conseguir una política más flexible respecto a las ‘excepcionalidades’ para autorizar puntualmente materias activas eliminadas del catálogo europeo.
“No entendemos el freno permanente del Gobierno de España para afrontar situaciones excepcionales porque necesitamos producir, y los productos existentes no funcionan”, lamenta. De hecho, la flexibilidad de España es “mucho menor” que la de otros países de nuestro entorno, a pesar de contar con una agricultura mucho más compleja.
Gallardo es autor de un estudio comparativo entre las excepciones autorizadas en los diferentes países de la UE, donde España queda en último lugar. “Son datos reveladores”, recalca, puesto que en el periodo comprendido entre 2020 y 2023 Francia aprobó una media de 87 usos excepcionales e Italia 85, en contraste con el caso español, donde solo se autorizaron 31.
En este sentido, el portavoz popular recuerda que su grupo político se opuso a la Estrategia ‘Del campo a la mesa’ y la Estrategia para la Biodiversidad que emanan del Pacto Verde Europeo, donde se encuentra el origen de unas políticas “que van contra la producción”. “La situación ha cambiado mucho desde su aprobación, tanto por la guerra de Ucrania como por el conflicto arancelario con EEUU, y por eso somos partidarios de revisar ese pacto”, recalca.
Ese cuestionamiento del Pacto Verde “sería congruente con el Informe Draghi, que propone una estrategia para frenar el declive económico de la Unión Europea, retomando la competitividad de las explotaciones agrícolas”. Según el informe, solo con un enfoque común europeo, centrado en el crecimiento, podrá la UE afrontar con éxito los retos que tiene planteados: la transformación tecnológica, la descarbonización, la seguridad económica y el mantenimiento del modelo social europeo.
