La crisis de oferta provocada por una climatología adversa está contribuyendo a agravar un escenario nacional e internacional en el que contener los precios de los alimentos se ha convertido en la prioridad de todos los gobiernos. Cada país cuenta con su propia “receta” para tratar de frenar la escalada de precios, pero las principales economías de nuestro entorno no están teniendo éxito, hasta el momento, a la hora de intentar frenar una escalada de los alimentos que, a los problemas derivados de los conflictos geopolíticos, suma ahora una climatología adversa para el abastecimiento de materias primas agrícolas esenciales para la industria alimentaria.
En ese contexto, España ha cerrado febrero de 2023 con una inflación alimentaria del 16,6%. Un dato algo peor que el de Francia (15,8%) pero mejor que el de Alemania (21,8%) o Portugal (21,5%). Todo ello, a pesar de que los datos confirman que el comercio minorista ha reducido sus márgenes en los dos últimos años – según los datos de AECOC y PwC- y que mientras los costes agrarios se han incrementado desde 2021 en un 45,8% los precios en el mismo periodo se han subido menos de la mitad.
El comercio minorista alimentario es el que tiene mayor peso en la estadística y los primeros resultados presentados por las principales cadenas de distribución certifican que, en 2022, las empresas del sector han asumido costes superiores al incremento de precios aplicado y que los márgenes de beneficios han descendido.
El análisis de márgenes de toda la cadena agroalimentaria muestra que este ejercicio de contención de los gastos es común a todos los agentes. El Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD), que indica cuánto se multiplica el precio desde origen de los productos hasta el consumidor, está actualmente en el valor más bajo de los últimos cinco años. Esto muestra que toda la cadena ha bajado sus márgenes para no repercutir el total del incremento de costes en los hogares.
Las empresas españolas llevan meses adoptando medidas para tratar de ayudar a los hogares a afrontar la complejidad del momento porque, tal y como considera el director general de AECOC -José Mª Bonmatí-. “No sólo entendemos y compartimos la preocupación de la sociedad sino que toda la cadena de valor está trabajando más que nunca en búsqueda de fórmulas para frenar cuanto antes la escalada de precios”.
“En el contexto actual, todos los eslabones de la cadena agroalimentaria están reforzando su colaboración y diálogo para ser más eficientes y asumir parte del incremento de los costes”, expone el director general de AECOC, José María Bonmatí.
No obstante, la Asociación desea remarcar que, en esa rebaja, deberían haberse incluido carnes y pescados ya que son, con diferencia, lo que más pesa en la cesta de la compra de los españoles. Por ello, y según un informe elaborado por AECOC en colaboración con PWC, de haberse bajado el IVA de carnes y pescados de un 10% a un 5% en febrero el IPC hubiera sido del 14,9% e incluso del 12,9% en caso de haberse rebajado del 10% al 0%.
Por su parte, los dos únicos países que han decidido topar el precio de los alimentos presentan elevados niveles de inflación alimentaria. Croacia acumula un 19,7% desde inicios de 2022 y, especialmente, Hungría, que actualmente afronta un IPC alimentario del 62,4%, el más elevado de toda Europa.
Por otra parte, en España es el país de Europa con un menor nivel de concentración en la distribución alimentaria, lo que le convierte en el mercado con mayor competencia del continente. Este alto nivel de competencia garantiza a los consumidores una gran diversidad de establecimientos y marcas entre las que escoger para contener el gasto en su cesta de la compra y es la mejor garantía contra cualquier posible especulación en materia de precios.
De hecho, desde el inicio del actual escenario inflacionista todas las compañías han adoptado estrategias propias para limitar el impacto de esta coyuntura en la cesta de la compra de los hogares españoles.
