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16 Mar 2025 | Actualizado 12:21

Revista del Sector Hortofrutícola

Cien mil españoles solicitan un trabajo en el campo

Según estadísticas de COAG, ASAJA y UPA, se trata sobre todo de andaluces y madrileños, y solo una proporción mínima son parados.

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Desde el pasado 12 de marzo, España ha perdido cerca de 890.000 puestos de trabajo, según datos oficiales, ante el impacto de la pandemia del coronavirus. En paralelo, las organizaciones agrarias llevan advirtiendo desde hace semanas de que el cierre de fronteras suponía un déficit de 80.000 temporeros extranjeros que usualmente llegan a España a recoger frutas y hortalizas. Ante ello, el Gobierno abrió la opción de que parados -no afectados por Ertes por fuerza mayor derivados del coronavirus- pudieran optar a trabajar como temporeros agrarios.

Una vez hecho el aviso, la asociación Asaja ha cuantificado en alrededor de 90.000 las solicitudes de personas que desean trabajar en las campañas, mientras que COAG y UPA han recibido unas 3000 y 400 peticiones respectivamente, sin contar con las territoriales de UPA. En total las demandas de empleo podrían rondar las cien mil en el territorio nacional. Dos de cada diez de esas personas interesadas habían desempeñado su último empleo en la hostelería y el turismo, y un porcentaje similar en la agricultura y la ganadería, según las estadísticas de Asaja, que señalan que las tasas más altas proceden de las provincias de Madrid (10,34 %), Málaga (8,5 %), Alicante (8,33 %) y Sevilla (8,33 %), según los datos recopilados por la agencia Efe.

Fuentes de COAG subrayan que la mayoría de solicitudes han venido de parte de inmigrantes en situación irregular frente a una proporción «mínima» de desempleados, muchos de ellos procedentes de Madrid pese a que no pueden desplazarse hasta las zonas rurales por las restricciones de movilidad. Aún así desde UPA reconocen que no se está contratando demasiada mano de obra adicional en lugares como Murcia o Huelva en plena campaña porque los empresarios están recurriendo a contratados de otros años y, además, el cierre de la restauración ha reducido la demanda de producto y se está recogiendo la cosecha a menor ritmo.

Gustavo Orcas es uno de los pocos españoles que se estrena participando en las campañas de la zona de Fraga (Aragón) tras el parón sufrido por la empresa de turismo activo en la que trabajaba. «Hay que buscar otros ingresos. No tengo ninguna prestación. Estaba con un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), pero nunca sabes si vas a cobrar la prestación o te la van a conceder. Opté por algo seguro para seguir cotizando», explica a Orcas a Efe en uno de sus descansos. Ahora se encuentra preparando el melocotón y en breve comenzará a recoger cerezas.

Requisitos

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han detallado que solo es exigible el requisito de proximidad si se quiere compatibilizar el empleo agrario con la percepción de las prestaciones y demás beneficios recogidos en el decreto del 7 de abril que abrió el campo a los parados. Este decreto también autorizó la extensión temporal de permisos de trabajo a migrantes y jóvenes extranjeros en situación regular, según la norma, que facilita la contratación siempre que las personas vivan en zonas cercanas a las explotaciones agrícolas.

Desde Agricultura se añade que son las comunidades autónomas las que pueden modular ese requisito en función de sus características regionales y que, siempre que haya contrato, los jornaleros se podrán desplazar al lugar de trabajo para realizar actividades agrarias. Algunos empresarios confirman que han recibido el visto bueno de las autoridades para contratar a personas que han participado en las recogidas de otras regiones, mientras que otros mantienen los contactos para posibilitar los traslados.

Por su parte, los sindicatos señalan que los parados ya están inscritos en los servicios públicos como demandantes de empleo y los empresarios pueden contratarlos como antes, aunque para ello suelen tener canales propios. Los contratos deben hacerse por escrito y reflejar el salario recogido en los convenios colectivos de referencia o, en todo caso, respetar el salario mínimo interprofesional (48,54 euros al día).

Fuente: El Confidencial

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