En el año 2023 se aprobaron o modificaron 1.140 normas que afectan al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo. Esto supone una media de 3,1 desarrollos legislativos al día y supone un nuevo repunte sobre el año anterior, cuando se contabilizaron 2,7 normas diarias. Solo en el mes de enero de 2024, las empresas del comercio tuvieron que aplicar 108 nuevas leyes o modificaciones a otras ya existentes. Teniendo en cuenta los datos de los últimos cinco años, la escalada normativa no cesa desde niveles previos a la pandemia, cuando se registraron 476 (1,3 normas diarias) en 2019.
Por categorías, la legislación relacionada con el medioambiente se lleva casi la mitad de la carga normativa, con 486 textos legales que afectan al comercio. Le sigue la seguridad alimentaria, con 254, y cuestiones administrativas relacionadas con la empresa (urbanismo, licencias…), que suman 221 normas.
Esta situación coincide con las actuales denuncias del sector primario en toda Europa relativas a la alta carga legislativa y administrativa que soporta el sector y que, como reflejan los datos relativos al comercio, comparten todos los eslabones de la cadena de valor. Este hecho tiene un impacto directo en la competitividad de las empresas europeas.
María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de ASEDAS, llama la atención sobre la legislación medioambiental: “el comercio -y la distribución alimentaria en concreto- está comprometido con los procesos de economía circular, de descarbonización y de reporte de información para hacer más eficiente la cadena. Sin embargo, la legislación que nos llega desde todas las administraciones -y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y distribución-, supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia que, en algunos casos, ponen en riesgo el modelo de negocio del retail español, caracterizado por una gran capilaridad y competitividad que permite llevar al consumidor una cesta de la compra variada y a precios competitivos muy cerca de sus casas”. Martínez-Herrera, pone un ejemplo: “ahora estamos observando la situación creada por el control de los productos ecológicos, con criterios dispares en las CC.AA., lo que crea barreras para su comercialización”.
Otro ejemplo, esta vez en el ámbito europeo, es el futuro Reglamento de Envases y Residuos de Envases, que se negocia en estos momentos en los trílogos de la UE, y que –independientemente de las complejidades técnicas de la aplicación de algunos de sus artículos y de la falta de análisis de ciclo de vida- tendrá un impacto aproximado de 150.000 euros por tienda, solo por la instalación de equipos de recogida y reutilización de envases, sin contar gastos de personal y logísticos. Por ello, es necesario más concreción y análisis de las medidas y que no haya duplicidad en el mismo concepto regulado.
Comunidades autónomas, Unión Europea y Estado, el ranking de las administraciones que más legislan
En la actividad reguladora, las Comunidades Autónomas se sitúan en primer lugar, con 485 normas, lo que complica la gestión especialmente para aquellas empresas que operan en varias Comunidades. Pero no cabe perder de vista las 344 que llegan desde las instituciones europeas; de ellas, 91 tienen que ver con el medioambiente. El Estado central, por su parte, suma un total de 284 normas; 123 de las cuales regulan cuestiones relacionadas con la gestión empresarial (fiscalidad, urbanismo, digitalización…). En el ámbito local, la cifra se incrementa al considerar cuestiones como aperturas en días festivos, cortes de tráfico, obras, etc.
