Entre los logros destacan una revisión de la Política Agraria Común (PAC) que antes del semestre parecía intocable, un conjunto de propuestas del Gobierno o el giro en la representatividad agraria española.
Estas son algunas claves del rastro de un semestre trepidante para la agricultura y de los retos a partir de septiembre.
Cronología
Los productores de la UE se movilizaron contra la PAC, los requisitos ambientales y por los altos costes de producción; en España las organizaciones mayoritarias (Asaja, COAG y UPA) se unieron el 30 de enero.
En febrero se expandieron las protestas, con el protagonismo de agricultores independientes y el nacimiento de plataformas como la 6F; el Gobierno amplió su oferta de medidas a 43 (abril) y la UE reformó la PAC para hacerla más flexible (abril).
Freno ambiental y consecuencias presupuestarias
El ingeniero agrónomo y experto en PAC Tomás García Azcárate ha declarado a Efeagro que en la nueva legislatura de la UE «habrá más equilibrio entre agricultura y medioambiente, irán más de la mano» y aunque continuará la agenda verde se hará con más consenso.
Lo más decisivo, ha añadido, es que la UE debe negociar su presupuesto para 2028-2035 y que, si antes de las movilizaciones se temía que bajaran los fondos agrícolas, «ahora hay más optimismo y cabe esperar que al menos se mantengan.»
Según las presidentas de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria, Eva Iglesias y Marga Brugarolas, pese a la emergencia climática, las protestas han puesto freno a la ambición ambiental «dejando patente que es necesario un mayor diálogo, más flexibilidad y un periodo de transición más largo».
Iglesias (Universidad Politécnica de Madrid, UPM) y Brugarolas (Universidad Miguel Hernández de Elche) han señalado, en respuestas escritas, que «siguen existiendo reivindicaciones de algunas voces del sector en aspectos que consideran pendientes». Entre ellos, las importaciones de productos de terceros países o las exigencias de la ley de la cadena alimentaria.
Por su parte, el catedrático de Economía y Política Agraria de la a Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM, Alberto Garrido, ha señalado que los cambios no son sustantivos, en la PAC o en el campo, sino «retoques» y opina que la repercusión mediática fue puntual.
La nueva CE
Los expertos coinciden en que todo depende del nuevo equipo de la Comisión Europea (CE) y de su responsable de Agricultura; el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) ha pedido una vicepresidencia agrícola.
García Azcárate ha aventurado que el nuevo comisario tendrá una cartera más reforzada y más peso político que el actual, Janusz Wojciechowski (de la familia política de Vox), cuya inacción ha sido criticada.
Caso español
Respecto a España, García Azcárate ha opinado que hay paralelismo con la UE, ya que antes de las protestas se vieron discrepancias entre los ministerios de Transición Ecológica «que ejerció una presión muy fuerte» y el de Agricultura, Pesca y Alimentación; ha confiado en un resto de legislatura nacional más agrícola.
No obstante, ha augurado que el ambiente político dificultará acuerdos en las comunidades autónomas, no tanto por el color de los partidos, sino por la polarización.
Como ejemplo ha apuntado a la controvertida Ley comunitaria de Restauración de la Naturaleza, a la que algunas autonomías se han opuesto «frontalmente», lo que plantea dudas sobre su aplicación.
Representación agraria
Otro resultado evidente es la representatividad de las organizaciones agrarias ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA); frente a las mayoritarias que inicialmente se movilizaron juntas -Asaja, COAG y UPA-, Unión de Uniones ha ganado portavocía al suscribir el acuerdo con el MAPA.
García Azcárate ha celebrado ese reconocimiento; por el contrario, ha mostrado inquietud por los movimientos «radicales» surgidos, que «desbordan» al sindicalismo agrario clásico.
Perspectivas
García Azcárate ha señalado que, tras las elecciones, empieza ahora un período estable en el que sería deseable «un gran acuerdo» entre el Gobierno y el sector.
Según Iglesias y Brugarolas, las restricciones ambientales, que elevan los costes de producción, se perciben como las causantes de la pérdida de competitividad de los agricultores de la UE.
Por ello, ven importante «poner el acento en una estrategia de alimentación» que promueva que los consumidores reconozcan el valor y la calidad del producto comunitario y español.
