El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha realizado alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, sometido recientemente a procedimiento de participación pública.
Las recientes estrategias comunitarias del Pacto Verde Europeo, “De la granja a la mesa” y de “Biodiversidad 2030”, dirigidas a conseguir un “sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente” introducen cambios de políticas que obligan a modificar las prácticas agrícolas en los próximos años. Entre otras cuestiones, establecen que de aquí a 2030 deberá reducirse en un 50% el uso de plaguicidas químicos y el uso de los plaguicidas más peligrosos. Por otro lado, la propuesta de reglamento presentada por la Comisión el pasado mes de junio para sustituir a la directiva sobre uso sostenible de plaguicidas introduce limitaciones adicionales a la utilización de los fitosanitarios.
Teniendo en cuenta, por un lado, la urgente necesidad de reducir sensiblemente el consumo de fitosanitarios y que, pese a las medidas adoptadas, no se ha reducido de forma significativa la utilización de los plaguicidas y, por otro, las previsiones sobre el incremento en su uso, no cabe duda, en opinión del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, que se podrían obtener mejores resultados si en la cadena de utilización de los productos fitosanitarios se introdujera, tal como existe en los ámbitos que afectan a la salud y la sanidad pecuaria, la figura del “prescriptor”.
Según el Colegio, los productos fitosanitarios, en especial los de mayor peligrosidad, deben ser prescritos y administrados bajo el control de profesionales habilitados para ello, que comprometan su responsabilidad personal en la idoneidad de sus prescripciones.
La clave para reducir el uso de productos fitosanitarios es contar con personal técnico especializado que asumiendo la correspondiente responsabilidad es capaz de prescribir en cada momento y estadio del cultivo, el producto fitosanitario más apropiado y las dosis más adecuadas para combatir las malas hierbas, plagas y/o enfermedades presentes en el cultivo, ha manifestado Francisco González, decano del Colegio.
No parece adecuado que se deba responsabilizar al agricultor de los resultados de la aplicación. La responsabilidad se les puede exigir a los técnicos competentes especializados en la materia, como los ingenieros agrónomos, colegiados y, por tanto, avalados por un seguro de responsabilidad civil, ha añadido.
Según el Colegio, previsiblemente se obtendrían mejores resultados si se aprovecha la experiencia obtenida con el Plan Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) que, entre otras medidas, refuerza el control de su comercio y la obligatoriedad de su prescripción por un profesional, tanto en la sanidad humana como en la sanidad veterinaria, habiéndose conseguido con ello una drástica reducción del consumo de antibióticos.
El Colegio señala que ya se contempla esta figura en otros países, que tienen establecida la “prescripción fitosanitaria” por un especialista cualificado para una serie de categorías que agrupan a los diferentes productos autorizados, en función de su peligrosidad o riesgo asociado.
