El sector hortofrutícola se caracteriza por la gran diversidad de actividades agrícolas, con la subsiguiente multiplicidad de tareas, así como por una marcada dualidad en relación con los empleadores que lo integran, formado por un mayoritario número de productores de muy pequeña dimensión y por otro grupo de medianas y grandes empresas, que absorben la mayoría de los trabajadores agrarios por cuenta ajena. En su conjunto, el sector genera un empleo directo de 370.000 trabajadores por cuenta ajena en actividades agrícolas y más de 150.000 en la actividad auxiliar y complementaria de manipulado y normalización del producto.
El absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales factores que afectan a la competitividad de la producción hortofrutícola española. Este problema adquiere una especial relevancia en este sector, donde las actividades de producción, recolección, confección, manipulado y expedición siguen dependiendo en gran medida de una mano de obra intensiva. Un incremento del absentismo se traduce en mayores costes de sustitución, pérdida de productividad, dificultades en la planificación de las campañas y una menor capacidad de respuesta ante los compromisos comerciales asumidos con los clientes internacionales.
Este carácter intensivo convierte al factor trabajo en un elemento determinante de la competitividad. Además, la estacionalidad de las campañas, la influencia de las condiciones climatológicas, la necesidad de ejecutar determinadas labores en plazos muy concretos y la creciente exigencia de personal cualificado hacen que la disponibilidad efectiva de trabajadores sea esencial.
La elevada dependencia del factor trabajo, que supone entre el 40 % y el 60 % de los costes totales de producción, convierte el absentismo en un problema estructural de primer orden que impacta directamente en la rentabilidad, la productividad y la competitividad del sector. En un mercado cada vez más globalizado, donde los costes de producción son crecientes y los márgenes empresariales cada vez más ajustados, el absentismo laboral ha dejado de ser únicamente una cuestión de gestión de recursos humanos para convertirse en un factor determinante de competitividad, y su evolución condiciona directamente la capacidad del sector hortofrutícola español para mantener su liderazgo exportador frente a otros competidores europeos.
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Esta situación se produce en un contexto en el que la magnitud económica del problema es cada vez más evidente. Según los datos facilitados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo en el sector de la producción, manipulado y comercio de frutas y hortalizas, en el año 2025 el número de bajas laborales por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) ascendió a más de 80.900 casos y el coste económico directo para las empresas alcanzó los 335 millones de euros, lo que representa un incremento del 63,8% respecto al año 2021.
La relevancia de estas cifras resulta aún más significativa si se tiene en cuenta que es prácticamente lo mismo que el apoyo público destinado al sector para adaptar la producción a la demanda, mejorar la competitividad, impulsar prácticas sostenibles y prevenir crisis de mercado: En 2025, se destinaron alrededor de 390 millones de euros a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, una cantidad similar al coste anual que el conjunto del sector agrario debe soportar con motivo de las bajas laborales. Esto evidencia el impacto económico que el absentismo está teniendo sobre la competitividad de las empresas.
Desde FEPEX compartimos el diagnóstico realizado por CEOE de que el absentismo derivado de las incapacidades temporales constituye un desafío estructural que requiere una respuesta coordinada desde la Seguridad Social, las mutuas y la negociación colectiva. En este sentido, las empresas del sector hortofrutícola han realizado en los últimos años un importante esfuerzo de adaptación de su modelo laboral para mejorar las condiciones de trabajo tanto en campo como en los centros de manipulado.
Este esfuerzo se ha materializado en la progresiva implantación de sistemas avanzados de prevención de riesgos laborales, la mejora de las condiciones de seguridad e higiene, la modernización de instalaciones y procesos, así como en una creciente profesionalización del empleo. Estas actuaciones reflejan un compromiso claro del sector con la calidad del empleo y con la reducción de la siniestralidad, alineado con las exigencias regulatorias y con los estándares internacionales de certificación que tienen implantados todas las empresas exportadoras.
El futuro convenio estatal del sector agrario, actualmente en negociación, representa una oportunidad para integrar instrumentos específicos que permitan prevenir y reducir el absentismo, reforzar la prevención de riesgos laborales y mejorar la coordinación con las mutuas. En nuestra opinión, la lucha contra el absentismo puede y debe abordarse desde el diálogo social y la corresponsabilidad, y la creación de un marco estatal adaptado a las necesidades del sector contribuiría a mejorar la prevención de riesgos, preservar el empleo y reforzar la sostenibilidad económica de las explotaciones.
