Una juez de la Palma del Condado (Huelva) acusa de un delito medioambiental a dos exalcaldes de Almonte —uno del PP y otro del PSOE— y al exconsejero andaluz de Agricultura Luis Planas por el robo del agua en el entorno de Doñana. Les achaca haber consentido que durante años hubiera captaciones de agua al margen de la ley —a través de pozos que pinchaban el acuífero del que vive este espacio natural— en un paraje de Almonte. Los hechos se refieren a la zona de Matalagrana y los suelos en los que están los pozos son públicos.En la causa también están investigados (la antigua figura de la imputación) dos ex altos cargos de la Junta: María Isabel Salinas García, ex secretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Judit Anda Ugarte, ex directora general de la Producción Agraria. Además, hay imputados 12 agricultores de la zona. Según figura en el auto, adelantado por la Cadena Ser, por el que se da por terminada la instrucción, a todos los imputados se les atribuye un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Este caso parte de la operación Vernum, desarrollada por el servicio de protección de la naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Los agentes recorrieron el entorno de Doñana en busca de extracciones ilegales de aguas. Y aquella operación acabó en nueve denuncias presentadas por la fiscalía especializada en Medio Ambiente. Según fuentes de esta fiscalía en Huelva, en el único caso en el que se aprecian indicios de delito de algún responsable político es en el de la zona de Matalagrana, al tratarse de terrenos públicos que los agricultores explotaban gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento, que a su vez había recibido la cesión de estos suelos por parte de la Junta.
La fiscalía, durante la fase de instrucción, solo apreció indicios de delitos en los dos exalcaldes de Almonte: Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP), según las mismas fuentes. Pero la titular del Juzgado de Primera Instancia en Instrucción 2 de la Palma del Condado, María Ángeles García, también aprecia indicios de delito en la actuación de las dos exaltos cargos de la Junta y en el exconsejero Luis Planas, que en 2013 se enfrentó a Susana Díaz en la carrera por dirigir el PSOE andaluz.
Los terrenos en los que se realizaron durante años las extracciones ilegales de agua son públicos. Los suelos eran propiedad del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) de la Junta. Y se cedieron al Ayuntamiento de Almonte. Este, a su vez, firmó convenios con los agricultores para «experiencias de introducción de cultivo de fresas compatibles con el medio ambiente», según el auto.
En esos convenios municipales se cedían los terrenos «a cambio de un canon», «sin que se hiciera mención al uso del agua a que pudieran tener derecho dichas parcelas». Según la instructora, los pozos existentes no están regularizados, por lo que se «han venido llevando a cabo extracciones de agua no autorizadas ni autorizables». Aunque las plantaciones de fresa se remontan a los años noventa en Matalagrana, la juez acota el presunto delito al periodo comprendido entre 2009 y 2012.
Con esas extracciones «se ha venido provocando un perjuicio irreparable al medio ambiente de una zona especialmente protegida al provocar la reducción de las cantidades de agua disponibles para la supervivencia de animales y flora natural del espacio protegido», resalta la juez.
Responsabilidad política
En el caso de los dos exalcaldes de Almonte, la juez les acusa de «haber consentido el uso indebido del agua de las parcelas de que eran cesionarios, y a su vez cedentes». Tampoco hicieron «gestiones para instar» a los agricultores para que «regularizasen» su situación.
En el caso de los tres antiguos responsables de la Junta, la juez les reprocha haber «consentido» también el uso del agua en las parcelas de las que era propietaria la Junta. Además, les acusa de tener «conocimiento de la falta de regularización de los pozos». Tampoco iniciaron los trámites para la «regularización», resalta el auto de la juez.
El exconsejero andaluz ya ha recurrido su imputación y el inicio del trámite de procedimiento abreviado en su contra. Fuentes del entorno de Planas sostienen que él no tuvo «participación ni activa ni pasiva en los hechos» y que no tenía, en su etapa al frente de Agricultura, conocimiento de la extracción ilegal de agua en esa finca. Las mismas fuentes destacan «la defensa de Doñana» que hizo Planas durante su etapa al frente de la consejería, entre 2012 y 2013.
En un principio, en la causa también estuvo imputada la también exconsejera de Agricultura Clara Aguilera, que ocupó el cargo entre 2009 y 2012 y ahora es eurodiputada por el PSOE. Pero la juez ha decidido el sobreseimiento provisional de la causa contra ella.
Pozos ilegales
El principal problema de Doñana ahora es el descontrol en el uso del agua en su entorno, donde existe una potente industria agrícola. La semana pasada la Unesco —Doñana es Patrimonio de la Humanidad— volvió a instar a que actúen a las Administraciones, que ya cuentan con un plan de ordenación de la zona que prevé el cierre de pozos ilegales.
La organización WWF ha difundido este lunes un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el que se señala que el 36% de los medidores de agua subterránea del acuífero 27 —del que vive este espacio natural— están en situación de «alarma». WWF destaca la mala situación de «toda la zona donde se concentra la agricultura intensiva de regadío». WWF acusa de «inacción» a la Junta y al Gobierno. Y les ha instado a «cerrar los cultivos y pozos ilegales que secan Doñana».
Fuente: El País
