Ha vuelto a ocurrir. Las imágenes de camiones con fruta española volcados en las autopistas francesas, felizmente desaparecidas desde hace años, han vuelto a los telediarios.
¿Qué está pasando con la fruta dulce? Como siempre, no hay una causa sino varias, ninguna de ellas, juntas o por separado, pudiendo justificar lo injustificable.
La cosecha es abundante, en los 3 principales Estados miembros productores: España, Italia y Francia. En Francia, por ejemplo, se estima una cosecha en aumento del 10% con respecto al año pasado. La dulce primavera ha adelantado la cosecha en las zonas tradicionalmente más tardías pero el tiempo, muy variable (es decir, bastante malo para el periodo en el que estamos), no está dinamizando la demanda. Es un gran clásico. Todos los años en los que se produce un aumento de producción y una ralentización de la demanda, hay problemas de precios, hagamos lo que hagamos los españoles.
Los argumentos justificativos presentados son curiosos. El gobierno francés ha impuesto a sus productores unas obligaciones adicionales al derecho europeo, la contractualización obligatoria, que no puede lógicamente imponer a los de otros Estados miembros. Por otro lado, ha prohibido determinados tratamientos que si están autorizados a nivel europeo. Es, de nuevo, una decisión perfectamente acorde con la legalidad, tomada democráticamente por el gobierno de una nación, pero no extensible a otros productores.
El gran problema en Francia es el de las relaciones entre la producción y la gran distribución. Hay que conseguir que, cuando está la producción francesa, los distribuidores franceses den un empujón a la referencia «Francia». Es verdad que los Ministros Montebourg y Le Foll ya les han dado un toque pero hay que marcar el territorio. ¿Qué mejor manera de anunciar a los consumidores y distribuidores franceses que ya están aquí los productos nacionales, sin coste publicitario alguno, a golpe de telediarios? ¡Pues vamos a asaltar a unos cuantos camiones! ¡Una relación calidad/precio; coste/eficacia sin competencia!
No solo es inaceptable que se utilicen los camiones extranjeros para atacar a la gran distribución gala. No he leído en toda la blogosfera agraria francesa, que sigo con cierta asiduidad, una sola declaración condenatoria. Se me puede haber escapado algo, por supuesto, pero no hay ningún clamor en este sentido.
Los productores españoles venden, sabiamente, sobre todo (pero no únicamente) en los mercados no productores como el Reino Unido y Alemania, junto con el Benelux y los países del Este. Todo va por camión y por carreteras francesas.
Dicho esto, y sin que sirva de justificación para lo injustificable, Amalia del Río en otro de los blogs de Mercados, ha dado en el clavo. Pregunta Amalia: ¿Por qué el sector europeo no se une para protestar ante un problema que es el mismo para todos?
La pregunta merece una o varias respuestas.
La primera pregunta, antes de que se unan los europeos, es: ¿Por qué no se unen los españoles? En Francia, aprovechando la última reforma de la reglamentación hortofrutícola, han creado una Asociación de Organizaciones de Productores nacional. ¿Habéis oído hablar de algo parecido en nuestro país? Ya tenemos parte de la respuesta.
Cuando algunos de los principales productores europeos de hortalizas han venido a España para buscar socios para una Asociación Transnacional de Organizaciones de Productores, les fue difícil encontrar un interlocutor e imposible encontrar un socio. Ya tenemos otra parte de la respuesta.
Años de buena producción, los habrá. Años de demanda poco activa, también. No son situaciones excepcionales. Deberían poder ser gestionadas por los propios productores, con un nivel mínimo de organización no solo deseable sino posible con el actual marco legislativo.
Cierto, es mucho más fácil pedir a los gobiernos que intervengan, disparando con pólvora ajena, pidiendo a la Comisión Europea que tome medidas no ya para asegurar el libre tránsito de mercancía (responsabilidad nacional y no comunitaria) sino para sanear el mercado. En otras palabras, y para hablar claro, se pide que la Unión Europea financie retiradas de productos que irían a la destrucción.
A estas alturas de la jugada, nadie sabe cuál será la respuesta de las Instituciones comunitarias. Sea la que sea, y suponiendo que la demanda tenga una acogida positiva, tardaría (¿días? ¿semanas?) en ponerse en marcha cuando estamos hablando de un producto eminentemente perecedero.
La administración ni puede, ni debe, ni está armada para, sacar las castañas del fuego con medidas excepcionales a un sector enfrentado a una crisis de mercado previsible, nada inhabitual. ¿Por qué todos los contribuyentes europeos, una tercera parte alemanes, deben pagar la factura de la desorganización del sector productor?
