Supermercados rechazan el tope a los precios y piden una bajada del IVA

Las cadenas de supermercados llevan tiempo alertando del incremento de precios de los alimentos que se avecinaba como consecuencia del aumento de costes, agravado por la guerra de Ucrania. Desde hace seis meses, y según publica El Independiente, han trasladado esa preocupación al Gobierno, al que reclamaban que adoptase medidas urgentes para corregir una situación que ha terminado repercutiendo en el bolsillo de los consumidores.

Ahora, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto en una entrevista con eldiario.es establecer un tope de precios en determinados productos básicos para proteger las cuentas de los hogares. Se trataría de pactar una «cesta de la compra básica» con unos 20 o 30 productos con precios máximos establecidos.

Aunque los supermercados no se muestran por la labor. «Las empresas están sufriendo mucho sobre sus propios márgenes y hay empresas y cadenas de distribución, sobre todo pequeñas, que este año pueden dar pérdidas como consecuencia del incremento de la energía y el precio al que están pagando la luz», advierte Ignacio García Magarzo, presidente de la patronal Asedas, que engloba a cadenas como Mercadona, Dia, Lidl y una amplia gama de regionales.

En este sentido, se remiten a las palabras del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que en una entrevista publicada este domingo por Europa Press afirmaba que la limitación de precios no entra en el marco legal europeo actual ni tampoco sería «deseable». En este sentido, descartó imponer un impuesto al sector de la distribución y le reclamó responsabilidad para que el alza de los precios sea «lo más limitada posible».

La ‘número dos’ del Gobierno matizaba durante la mañana de ayer lunes que su propuesta sería «absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia», porque la fijación de precios no se regularía mediante una ley, sino que se fijaría a través de un pacto entre las partes.

Aunque dicen estar «abiertos al diálogo con el Gobierno», desde la patronal de los supermercados abogan por que en lugar de poner límites a los precios, el Ejecutivo aplique una bajada del IVA en los productos de alimentación, si lo que pretende es aliviar algo los bolsillos de los consumidores.

«Aunque sea temporalmente y sin comprometer la capacidad de recaudación del Estado, parece razonable que productos que están gravados con el 21% vayan al 10% y productos del 10%, vayan al 4% para ayudar a las familias a paliar esta situación», añade García Magarzo.

En este sentido, recuerda que cuanto más alto es el precio de un bien, más dinero va para las arcas públicas. La última vez que se subió el IVA de alimentación en septiembre de 2012, con el ‘popular’ Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, el impacto sobre el IPC fue inmediato y de más de tres puntos. «No se absorbió por parte del sector hasta abril del año siguiente», añade.

«En España hay competencia»
Además, defienden que en España hay competencia y capacidad de elegir de los consumidores que garantiza que «los precios se forman de una manera eficiente y que en condiciones como estas nadie se enriquece de una manera inadecuada». «Si alguien hincha sus márgenes artificialmente, el consumidor le echa del mercado porque se va a comprar a un lugar más barato», reflexiona.

Ahora, la subida del precio de los carburantes y de la energía ha tensionado toda la estructura de costes de toda la cadena agroalimentaria y el precio en los lineales no deja de subir. En mayo, el IPC de alimentación subió por encima del general.

Sin embargo, desde la patronal dicen que «el sector está actuando con una enorme responsabilidad». «Este es el mismo que no sólo garantizó el abastecimiento durante el COVID , sino que ha mantenido los precios de alimentación extraordinariamente estables durante los últimos 20 años y ahora mismo está sufriendo una inflación de costes», remata.

Pero la curva ascendente en los precios amenaza con seguir la tendencia actual. El impuesto a los plásticos de un solo uso que entra en vigor el próximo 1 de enero «va a ir directamente al precio de cientos de miles de artículos», recuerda García Magarzo. Por tanto, piden también que este tipo de iniciativas medioambientales se dejen en suspenso hasta que la tormenta amaine.

Fuente: El Independiente