La modificación de la Ley de Cooperativas, que reducirá de tres a dos el número de socios necesarios para constituir este tipo de empresas de economía social, ha superado este miércoles el debate a la totalidad en el Pleno del Parlamento Andaluz. El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha subrayado que, con esta modificación, Andalucía facilitará la creación de este tipo de sociedades, “importantes” por su capacidad para vertebrar el territorio, de generación de empleo y su vocación social.
Ramírez de Arellano, que ha intervenido ante el plenario de la Cámara autonómica para presentar el proyecto de Ley, ha señalado que esta medida ha sido demandada y acordada con el sector, al que ha agradecido su contribución para plantear los cambios legislativos. La modificación de la ley además también reduce a dos el número de cooperativas necesarias para gestar una de segundo nivel e introduce mejoras en el régimen sancionador y otros ajustes de carácter técnico.
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La superación del debate a la totalidad supone el inicio de la tramitación parlamentaria de la modificación de la Ley de Cooperativas, por lo que titular de Economía y Conocimiento espera “un debate fructífero” y que su texto “se enriquezca con un amplio consenso en el trámite parlamentario”. La comunidad andaluza es una de las regiones españolas con mayor presencia del cooperativismo, tanto en número de empresas, con 3.978, el 19% del total nacional, como de trabajadores, 48.537, un 16% del total nacional.
El consejero ha subrayado la evolución que han experimentado estas empresas en los últimos años, en las que han crecido en tamaño, con nuevas estructuras de segundo y tercer grado, y “por tanto han ganado fuerza para competir”. Además, han incorporado la innovación como un elemento clave de su modelo productivo y se han convertido en “protagonistas principales” de la internacionalización de la economía andaluza al salir a competir a los mercados internacionales, contribuyendo al crecimiento de las exportaciones, que están batiendo récords y ya suponen el 20% del PIB de la comunidad.
Se trata de empresas que destacan por su estabilidad, con un promedio de vida de 17 años, que “ha demostrado su fortaleza en épocas de dificultades económicas” y que además tienen un marcado carácter de responsabilidad social, que se traduce en la creación de empleo de calidad; un potencial de generación de puestos de trabajo reconocido por la Agenda por el Empleo –el principal instrumento de planificación en la materia de la Junta—.
Junto a la mejora de la normativa actual, el consejero ha recordado que la futura Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento –también en trámite parlamentario—vendrá a reforzar también las cooperativas, a las que dedica un apartado específico.
Cambios legislativos
La disminución en el número de socios se acometerá sin alterar los principios ni la forma jurídica del cooperativismo y, además, esta fórmula no tendrá límite temporal. “No hacemos una propuesta de cambio coyuntural o transitorio, como han hecho otras comunidades autónomas, sino que la ley lo permitirá de forma permanente”, es decir que la cooperativa podrá optar por mantenerse así por tiempo indefinido o incorporar nuevos integrantes.
Para la constitución con dos socios, se especifica que la aportación al capital social de uno de ellos podrá llegar hasta el 75% del total. En los estatutos, los promotores podrán optar entre una administración única o solidaria.
También se reduce a dos el número de cooperativas necesarias para constituir una de segundo nivel, facilitando así la unión entre empresas y que éstas ganen tamaño, haciéndolas más competitivas.
Junto con esta flexibilización, la ley modificada también incorporará el régimen sancionador para las cooperativas con sección de crédito, quienes actúan en el ámbito de la cooperativa y sus socios y socias como entidades financieras. Esto viene a complementar el reglamento de la Ley de Cooperativas de 2014, que incluye una regulación exhaustiva de las secciones de crédito.
El régimen sancionador establece los tipos infractores y contempla incluso la posibilidad de prohibir la actividad de la sección de crédito en los casos de las infracciones más graves en aquellos casos donde se puedan producir importantes perjuicios económicos o sociales. La inspección de estas entidades la realizará la Consejería de Hacienda y Administración Pública, competentes en esta materia.
El consejero ha explicado que establecer “garantías y controles es imprescindible”, dado que las secciones de crédito operan con los recursos económicos de las cooperativas y de los cooperativistas. Además, se asegura una gestión diferenciada de las Secciones de Crédito que evite problemas derivados sobre la actividad propia y principal de la cooperativa.
La actual Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que sustituyó a la de 1999, ya introdujo numerosas medidas de agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios. Asimismo, fomentó el perfil inversor de las sociedades, permitió la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentó las posibilidades de contratar por cuenta ajena.
