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El sector de los cítricos acusa a la CE de “someterse” al lobby de los importadores

Las organizaciones representativas del sector de los cítricos han acusado a la Comisión Europea (CE) de "ignorar" al Parlamento Europeo y "poner en riesgo fitosanitario a la citricultura europea para someterse al lobby importador".

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A finales de enero, recuerdan en un comunicado, la Comisión presentó a los Estados miembros su nuevo proyecto de modificación de la Directiva 2000/29/EC (“de sanidad vegetal”), en el que desistió de incluir medidas eficaces para evitar la propagación de nuevas plagas que amenazan a las plantaciones citrícolas europeas a través de las importaciones desde terceros países.

Después de meses de debate, en los que el sector, las administraciones de los países productores y el propio Parlamento Europeo pedían que el principio de precaución y la seguridad fitosanitaria de las plantaciones citrícolas europeas prevalecieran sobre los intereses comerciales, “Bruselas ha decidido decantarse por los intereses de los importadores y la industria del norte de Europa”, explican.

Así, en la reunión del Comité Permanente de Sanidad Vegetal, del pasado 27/01/2017, la Comisión defendió ante los Estados miembro, un modelo de medidas, en el que la elección de las condiciones fitosanitarias de importación a la UE, y los tratamientos cuarentenarios que deben ser aplicados, corresponde a los propios exportadores, “evidentemente mucho más preocupados de hacer negocio que por la pervivencia de la producción comunitaria”, afirman. Un modelo que, en su opinión, da la espalda totalmente a las peticiones que los representantes europeos del sector citrícola habían reclamado unánime y reiteradamente a la Comisión, para evitar que plagas procedentes de terceros países lleguen al continente y pongan en peligro las plantaciones europeas. “Lamentablemente, la iniciativa contó con una mayoría suficiente de Estados del Centro y Norte de Europa, no productores”, recuerdan.

Tras la votación ocurrida en dicha fecha, la propuesta aprobada será notificada a la OMC (quien tiene 60 días para pronunciarse); a continuación, se someterá a adopción formal por la UE y será aplicada por los EEMM.

Además de la cuestión de fondo y del “varapalo” que esta medida supondría para la seguridad fitosanitaria europea, los representantes del sector citrícola español quieren denunciar la forma que ha tomado la iniciativa de la Comisión -que constituye un claro ejemplo de falta de responsabilidad y de alejamiento de los intereses que esta institución debería defender- y anuncian que seguirán peleando para evitar que la misma llegue a consumarse.

Fuente: eleconomista.es

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