La reducción de materias activas tensiona a un sector hortofrutícola con unos márgenes ya estrechos: hay que recordar que los últimos cuatro años los costes se han incrementado casi un 30% debido a un entorno económico y geopolítico complejo, en el cual la normativa comunitaria, en vez que despejar dudas, ha creado un ambiente más enrarecido. En este marco, la carencia de alternativas para el manejo de plagas incrementa los costes directos (mano de obra, medios alternativos de control biológico) e indirectos (mermas, rechazos comerciales). A corto plazo, se está reduciendo la competitividad frente a orígenes con normativas menos exigentes. A medio plazo, un acompañamiento normativo no adecuado a las necesidades reales del campo provocará que muchas explotaciones dejen de ser viables.
CONSECUENCIAS PARA EL MAPA PRODUCTIVO EUROPEO
Si la tendencia continúa sin alternativas eficaces, el mapa productivo europeo se desplazará hacia regiones con mejor “clima” sanitario y menor presión normativa. Esto acelerará la deslocalización de producciones intensivas y reforzará la dependencia de importaciones de terceros países con estándares ambientales y sociales heterogéneos. En este sentido, llevamos años defendiendo la soberanía alimentaria entendida como un marco de reglas, en nuestro caso de ámbito europeo (UE), que aseguren que cualquiera que quiera disfrutar de este mercado tenga que producir en origen (dentro y fuera de este territorio) cumpliendo estas normas. Esto garantizará un mercado transparente donde se pueda competir en igualdad de condiciones, afianzando la seguridad alimentaria, definida como el derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos saludables y de calidad que garanticen la viabilidad de la explotación agrícola y el respeto social y medioambiental. Dicho esto, ahora piensen en las zonas de producción no locales (extra UE).
FALTA DE HERRAMIENTAS
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No creo que la transferencia falle en el sector de las frutas y hortalizas. De hecho, es uno de los puntos fuertes. El sector cuenta con una red de técnicos de campo, cooperativas, centros públicos y privados de investigación altamente cualificados que actúan como una “correa de transmisión” muy eficiente entre la innovación y el agricultor. El productor adopta con rapidez las soluciones cuando funcionan y también cuanto puede pagarlas y ya sabemos que el contexto no ayuda. El problema real para mí no es la adopción, sino la falta de herramientas reales y la asincronía entre prohibición y solución: la velocidad a la que la normativa retira materias activas y el ritmo al que se desarrollan alternativas eficaces. No se puede transferir al campo una tecnología que no existe o no es rentable. A esto se suma una burocracia en el registro excesivamente lenta y farragosa.
OPORTUNIDADES
En este contexto, surgen oportunidades para acelerar la aplicación de las tecnologías inteligentes de la agricultura, siempre que demuestren ser rentables en cualquier escala. No hablemos ya de la edición genética, un ámbito en el que Europa sigue pisando el freno mientras otras regiones, muchas de ellas muy próximas, avanzan con rapidez y pueden convertir esa ventaja tecnológica en mayor productividad, resiliencia al cambio climático y capacidad competitiva. También se abren espacios para modelos cooperativos empresariales más avanzados (compartir riesgos, datos y servicios técnicos) dentro de las cadenas de suministro. En este sentido, los productores y las empresas comercializadoras forman parte de cadenas de suministro que compiten entre sí. En ellas la colaboración estrecha entre eslabones (proveedores y clientes) ya no es una opción.
¿QUÉ ERRORES REGULATORIOS SON MÁS URGENTES DE CORREGIR?
Creo que son críticos los errores regulatorios que reducen el catálogo de herramientas sin proporcionar alternativas técnicas ni tiempos de adaptación realistas. De forma paralela es problemática la falta de control en los criterios de importación. Este último hecho pone de relieve la desconexión entre los objetivos de la regulación y su ejecución efectiva. Hablar en términos de transición ecológica, salubridad alimentaria, reducción de huella ambiental, etc., tiene sentido cuando el resultado neto de lo que se consume en la UE (producción + importación – exportación) es positivo. Deslocalizar el impacto ambiental y sanitario fuera de nuestras fronteras no parece muy congruente.
HOJA DE RUTA
La prioridad es planificar la transición y no forzarla. Cada retirada de materias activas debería ir acompañada de alternativas técnicas viables y de plazos de adaptación realistas, teniendo en cuenta el tipo de cultivo y la zona productiva. Al mismo tiempo, es necesario reforzar la investigación aplicada y agilizar los procesos de registro de nuevas soluciones seguras. Además, la sostenibilidad debe ser también económica. Es imprescindible un apoyo específico al agricultor para adoptar nuevas prácticas e inversiones, sin olvidar una política comercial que exija las mismas reglas a las importaciones que a la producción europea y que cree un contexto de ventas en igualdad de condiciones. También es clave una mayor cooperación dentro de la cadena: cooperativas, comercializadoras y distribución compartiendo información, costes y responsabilidades para que el peso de la transición no recaiga solo en el productor. Por último, conviene aprovechar mejor las herramientas de marketing: impulsar el consumo de frutas y hortalizas y reforzar la diferenciación de la producción europea como origen local, seguro y de alta calidad, algo que puede convertirse en una ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente.
