Reconocer el problema de los asentamientos irregulares es parte de la solución

“El agricultor no tiene la culpa de la inmigración irregular”. Así de tajante se muestra Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, cuando se le pregunta por enésima vez sobre la situación de cientos de migrantes en asentamientos en zonas rurales de Almería, pero que fácilmente podrían encontrarse en cualquier otra región de España. No todos ellos están en situación irregular en nuestro país, algunos están regularizados; otros aún no y permanecen en estas circunstancias a la espera de encontrar un trabajo que, aunque no es lo habitual, a veces llega.

El hortofrutícola es un sector muy acostumbrado a recibir críticas, tanto desde nuestro país como desde fuera. De hecho, año tras año, campaña tras campaña -y esta, con crisis sanitaria de por medio no iba a ser menos-, son muchos los medios de comunicación a nivel nacional y europeo que ponen el foco en su actividad, y todos ellos con un punto en común: la situación de marginalidad en la que viven cientos de inmigrantes en asentamiento rurales.

Sin embargo, si bien el sector está acostumbrado a las críticas, no lo está tanto a defenderse y reconocer una realidad que, aunque escapa a sus competencias, daña muy seriamente su imagen. La unión, en este caso, es fundamental para atajar un problema que sale a la luz constantemente y que, a la larga, podría resultar incluso perjudicial para las exportaciones.

Y es que los asentamientos están ahí, dándoles a quienes critican al sector motivos para seguir haciéndolo. “De forma cíclica, y siempre en la misma época del año, coincidiendo con el clímax de nuestras producciones, vemos cómo ciertos medios de comunicación de países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido publican informaciones orientadas a desprestigiar al sector productor de la fresa y los frutos rojos de Andalucía”, lamenta Pedro Marín, gerente de Interfresa, quien añade que “esta situación es utilizada de forma injusta y torticera por un grupo de entidades interesadas”. La única solución para el sector pasa por poner fin a esta situación denunciando públicamente la existencia de estos asentamientos.

“El 90% de los temporeros que trabajan en España viven en condiciones normales”, afirma por su parte Eduardo López, responsable de Relaciones Laborales de COAG, quien señala que el 10% restante malvive en asentamientos -no todos son irregulares- bien por “ahorrar” o bien porque, al ser indocumentados, tienen un difícil acceso a la vivienda.

Hablar de ahorro cuando se trata de personas que viven en condiciones casi infrahumanas, resulta difícil de entender, pero si se tiene en cuenta que muchos de ellos llegan a enviar hasta el 75% de su sueldo a sus países de origen, la perspectiva cambia.

Aun así, este es un punto de vista que no comparten las ONGs; van más allá y apuntan a las dificultades que tienen estos temporeros para acceder a una vivienda, bien por su propia situación de irregularidad, por la falta de una oferta económicamente accesible o por “la barrera de desconfianza por parte de los propietarios”, como señala la presidenta de Huelva Acoge, Gladish Meza. Asimismo, el carácter temporal de sus trabajos –muchos de ellos van de campaña en campaña- hace que, en ocasiones, sea difícil encontrar una opción de vivienda y no tengan más remedio que estar en esos asentamientos.

Desde las ONGs animan a la “corresponsabilidad” entre Administración y empresarios para atajar una cuestión que perjudica a todas las partes: “La Administración debe legislar y obligar al empresario a garantizar unas buenas condiciones de trabajo a sus empleados”, señala Alba Rudolph, de la ONG Anusci.

El problema radica en que, al menos de momento, parecen no haber llegado a ese entendimiento. De hecho, Hortiespaña y las propias organizaciones agrarias insisten en que el contacto con las distintas administraciones (desde los ayuntamientos al Gobierno central) es permanente, si bien en la mayoría de las ocasiones obtienen la callada por respuesta.

Mientras tanto, y aunque es una práctica “residual”, hay quien, en campañas complicadas como la actual, con importantes problemas de mano de obra, recurre a la contratación de personas en situación irregular, haciendo que el de los asentamientos se convierta en un problema casi enquistado.

La realidad de Lleida
En el punto más álgido de la campaña en Lleida, son en torno a 30.000 las personas que trabajan en el campo, todas ellas con contrato de trabajo y más del 80% migrantes africanos o de Europa del Este. “Aquí hay que diferenciar bien entre quienes vienen con el contrato de trabajo asegurado y quienes vienen por su cuenta”, afirma Pere Roqué, presidente de Asaja Lleida.

Los primeros no tienen problema de acceso a la vivienda –en el caso de formar parte de un contingente, incluso corre a cargo del empresario-; los segundos, sin embargo, no pueden ser contratados por no tener su documentación en regla, luego ni el empresario tiene obligación de darle una vivienda –no es su empleado- ni tiene acceso a un alquiler.

Pese a todo, y conscientes de una realidad que se repite cada campaña y que este año se ha visto agravada por el COVID-19, desde Asaja Lleida plantearon al Ayuntamiento de la ciudad en noviembre la posibilidad de instalar casas prefabricadas en la Huerta de Lleida para atender a estas personas. “De momento, no se ha aprobado”, lamenta Roqué. Hoy, en Lleida hay 200 temporeros viviendo en la calle que ni pueden ser contratados ni tienen acceso a una vivienda.

¿La regularización?
Ante la constante falta de mano de obra en nuestro país, ONGs, organizaciones agrarias y productores coinciden en la idoneidad de legalizar a inmigrantes indocumentados para que puedan trabajar en las distintas campañas agrícolas. “Es necesaria una resolución gubernamental que, de una vez por todas, solucione favorablemente su situación, dotándolos de permisos de trabajo, bien sean temporales o por campañas, que les permitan regularizar su situación, ser contratados y reubicados en las viviendas de las fincas agrícolas”, afirman desde la APDH Huelva.

Desde COAG van, incluso, más allá y, frente a una regularización por arraigo que requiere que las personas migrantes puedan demostrar que llevan tres años en nuestro país –deben estar empadronados-, piden que se “acorten los plazos”, comenta Eduardo López, reduciéndolos a un año o año y medio.

Sin embargo, y al menos de momento, esta no es una alternativa para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que la semana pasada, en declaraciones a la revista MERCADOS, afirmó que “tratamos de aplicar medidas que no dejen a las personas migrantes en situación de irregularidad pasado un tiempo” y, por ello, “estamos trabajando en un cambio en el Reglamento porque la realidad migratoria no se ajusta a la norma actual”.

Pero lo cierto es que, mientras tanto, en nuestro país hay sectores que siguen necesitando mano de obra y muchos inmigrantes que no pueden ser contratados. Y todo este caldo de cultivo, en ocasiones, aunque pocas, se traduce en contrataciones irregulares, sobre todo cuando el empresario necesita sacar adelante su cosecha.

Pero no se puede generalizar, dicen casi al unísono desde el sector; sin embargo, “es más fácil criminalizar a todo el sector antes que asumir la realidad de lo que está pasando”, lamenta Pere Roqué. Según las cifras de Asaja Lleida, en 2018, se realizaron en la provincia 210 inspecciones de trabajo, de las que solo 22 terminaron en sanción, 18 por una falta de alta y cuatro por una variación en la nómina. Estos datos, extrapolados a los 30.000 trabajadores que emplea el sector en picos de campaña, suponen apenas el 0,0001%.

Los asentamientos
Según un informe de Cruz Roja Española facilitado a la revista MERCADOS, Huelva es la provincia con un mayor número de personas viviendo en asentamientos, con 5.300 personas en situación de vulnerabilidad en 2019, confirmado así la tendencia recogida en otro informe de la Fundación Cepaim del año 2018, que afirmaba que «el fenómeno ha crecido exponencialmente en los últimos años”. Entonces, el número de asentamientos estimados oscilaba entre los 13 y los 26 y las personas entre 1.637 y 2.218.

El gerente de Interfresa lamenta que “la realidad de los asentamientos es un drama que incumbe a toda la sociedad y que no puede vincularse gratuitamente con el sector agrícola”. Insiste en que el problema debe ser afrontado con “eficacia y celeridad por parte de las administraciones competentes” y apunta que llevan ya más de 10 años tratando de conseguir que los distintos gobiernos atajen el asunto.

Almería, por su parte, es la segunda provincia con más asentamientos, con 4.423 personas en 2019, según Cruz Roja, repartidas entre 33 y 94 asentamientos, como recoge, por su parte, el citado informe de Cepaim.

Desde Coexphal, su gerente explica que, en los últimos años, ayuntamientos del Poniente como el de El Ejido o Vícar han trabajado para levantar esos asentamientos y alojar a esas personas en los lugares adecuados, si bien reconoce que los procedimientos administrativos son largos y tediosos. Aun así, desde la asociación “estamos facilitando la comunicación entre administraciones, entre ayuntamientos y Subdelegación del Gobierno, para erradicar un problema que no es nuestro, pero que nos afecta”.

Informe facilitado por Cruz Roja Española a la revista MERCADOS. Personas vulnerables en asentamientos:

Isabel Fernández con información de Alicia Lozano