El asunto se trató este lunes en Bruselas en un consejo de ministros de Agricultura donde se presentó una declaración conjunta firmada por 19 países (España, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía y Eslovaquia), a los que se sumaron después Polonia y Eslovenia.
La oposición de esas delegaciones se tradujo en una carta que el ministro italiano de Agricultura, Maurizio Martina, cuyo país preside la Unión Europea (UE) este semestre, se comprometió a trasladar a los titulares de Finanzas de los Veintiocho, que a finales de semana abordarán el cierre del presupuesto comunitario para 2015.
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En ella, se insiste en que la crisis causada por el veto no ha sido provocada por el mercado agrícola, sino que se debe a una crisis política, de la que los productores europeos están sufriendo las consecuencias.
De esa manera, se pide que el sector no se vea «penalizado» por lo ocurrido.
El nuevo comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, recordó a los ministros que los que negocian el presupuesto de 2015 son el Consejo (Estados miembros) y el Parlamento Europeo, instituciones a los que les correspondería estudiar cualquier eventual cambio, indicaron fuentes europeas.
El origen del problema se remonta a mediados de octubre cuando, en contra de lo que había anunciado en un primer momento, la Comisión Europea (CE) propuso que las ayudas destinadas a los agricultores frente al boicot ruso sean financiadas con cargo a la reserva de crisis de la Política Agrícola Común.
La decisión se inscribe en el marco del cierre del presupuesto comunitario del próximo año, que exige determinar con cargo a qué instrumentos se van a financiar los gastos comprometidos.
Aunque se podía haber recurrido al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) con ese objetivo, Bruselas ha propuesto destinar 448 millones de ese instrumento a otras acciones urgentes.
La reserva de crisis agrícola cuenta con 432 millones de euros anuales y, si se deducen las ayudas para compensar el veto ruso, cifradas en 344 millones, sólo habría disponibles 88 millones para hacer frente a las crisis que pudieran afectar al sector el próximo año.
La ministra española de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, dijo que España hará todo lo posible para evitar el uso de esa reserva y confió en que una amplia mayoría de países logre «dar la vuelta a la propuesta de la Comisión».
Fuentes europeas consideraron que la declaración de los ministros constituye «un fuerte mensaje» al Consejo y al Parlamento.
El documento pone de relieve la «preocupación» por «la situación de importantes sectores agrícolas europeos», ya que «pese a las medidas adoptadas en los últimos meses, las condiciones económicas de algunos de los mayores productores de frutas y hortalizas son todavía complicadas».
En particular, denuncia las distorsiones en los mercados de ganado, sobre todo del vacuno y del porcino, con precios en una «clara tendencia a la baja», y alerta de que las dificultades económicas que causa esta situación «pueden poner en peligro un número de explotaciones ya vulnerables».
Añaden que el embargo que se aplica desde el pasado agosto está llevando «al colapso de los precios que afectan a los productores europeos».
«La reserva de crisis 2015 (…) no se debe utilizar para financiar estas medidas», dice el texto, que añade que ese fondo se debe preservar «para mantener nuestra capacidad de respuesta a lo largo de 2015 en caso de que se profundice esta crisis o surja una nueva».
Indica, por último, que los ministros se oponen a la propuesta de reducción de 448 millones de euros del Feaga, y que pide que esas asignaciones se utilicen para financiar las medidas acordadas para paliar el veto ruso.
